OPINIÓN | Nicolás Lúcar: Nuevas reglas para la minería

Tenemos que lograr que la minería sea social y ambientalmente responsable, donde se conjugue el interés público con la iniciativa privada y los derechos de las comunidades.
2 Agosto, 2019
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Lo que está en juego en Tía María no es solo si este proyecto particular va o no va. Lo que se ha puesto en cuestión a raíz de este conflicto es la manera cómo se han venido explotando los recursos naturales en el Perú.

Según lo declara la Constitución de la República toda la riqueza que se encuentra en el subsuelo es del Estado y, por lo tanto, patrimonio de todos los peruanos. Pero allí terminan las palabras y empiezan las realidades.

Gracias a un sistema perverso, carente de transparencia y en la mayoría de los casos, corrupto, se ha entregado en concesión el subsuelo a personas y empresas privadas que terminan actuando en los hechos como propietarios de las riquezas.

Más de 18 millones de hectáreas del subsuelo peruano estaban concesionadas a fines del año 2017.

Lo incomprensible es que se ha entregado esas concesiones, incluso en áreas donde existe actividad agrícola, en zonas de protección ecológica o, peor aún, donde existen poblaciones enteras.

El 96% del territorio del distrito de Cocachacra, incluyendo la ciudad, las tierras cultivadas y el río, está sobre una concesión entregada a la Southern.

¿Por qué una concesión puede ser otorgada sin que quienes viven en esos territorios ni siquiera se enteren? Nunca se les dio la posibilidad de tener derechos sobre ese subsuelo, pero aún, ni siquiera les preguntaron antes de otorgar las concesiones.

Esto ha generado la  absurda situación de que un señor que vive en un lujoso edificio de San Isidro sea dueño de una concesión en Apurímac o Huancavelica, en una tierra que ni siquiera conoce y sobre la que viven hace cientos de años comunidades.

El titular de la concesión se asocia entonces con grandes inversionistas, funcionarios públicos – debidamente aceitados– otorgan las licencias correspondientes, pasando por encima de detalles ambientales  o de licencia social y el mineral es extraído y exportado sin mayores procesamientos. El Estado cobra impuestos, en el caso de que no se hayan otorgado exoneraciones y beneficios, y las empresas pagan además el canon. Lo que nos ha ocurrido además en estos años es que el dinero que va a la sociedad proveniente de este sistema ha sido, en la mayoría de los casos, despilfarrado por autoridades ineptas que lo malgastaron o se lo robaron, mientras las poblaciones que están sobre o cerca de las explotaciones mineras siguen viviendo en la miseria.

Pero hay que anotar que lo que recibe la sociedad es el pedazo más chico de la torta, el gran negocio es de los dueños de las concesiones que reciben utilidades por cientos de millones de dólares (Según Perú Top, solo Antamina generó 1,500 millones de dólares de utilidades netas el año 2017 para sus propietarios).

No es un conflicto social más el de Tía María, es un modelo que ha hecho crisis y por ello es urgente una nueva forma de abordar la explotación de nuestros mineros.

La nueva ley de minería debería partir de una auditoría a todas las concesiones otorgadas y la anulación de todas aquellas que hayan sido obtenidas producto de la corrupción o que se hayan otorgado en contra del interés público. Hay que ajustar los controles ambientales y de licencia social de los proyectos, por cierto. Pero además, y sobre todo, se debería incorporar de alguna forma el reconocimiento de derechos sobre el subsuelo de las poblaciones que viven en las zonas mineras, lo que debería convertir a las comunidades de espectadoras de la explotación de la riqueza que pisan, a socias de los proyectos.

La nueva ley de minería debería incluir, además, la posibilidad de desarrollar proyectos de explotación estatal de algunos yacimientos como ocurre en Chile o en Bolivia, tan lejanos uno del otro en términos ideológicos. (Codelco, la empresa minera estatal de Chile entregó 3,000 millones de dólares de utilidades al Estado chileno el año 2017).

Las fórmulas de concretar las alianzas con las grandes corporaciones mineras nacionales y extranjeras que tienen la tecnología deben ser replanteadas, incorporando siempre los derechos de los que habitan en esas tierras.

Tenemos que lograr que la minería, social y ambientalmente responsable, donde se conjugue el interés público con la iniciativa privada y los derechos de las comunidades, sirva para transformar el destino de la mayoría de los peruanos y no solo para enriquecer a algunos.