OPINIÓN | Mario Amoretti: ¿Y ahora quién nos defiende ante inseguridad jurídica, ciudadana y sanitaria?

"Otro gran problema que verificamos es de los internos – condenados o con prisión preventiva – en los diversos centros penitenciarios del país".
14 Mayo, 2020
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Es preocupante como se legisla en nuestro país, ante el estado de emergencia. Después de 56 días el Poder Ejecutivo dicta un Decreto Supremo, precisando que los adultos mayores están en grave situación de riesgo, si salen a la calle; sin embargo, esto no sucedió durante las diversas prórrogas decretada a partir del 16 de marzo; y lo más grave, es que el Consejo de Ministros en el Decreto Supremo N°083-2020, sostiene que hay aislamiento total para los mayores de 65 años y los que tienen un índice de masa corporal (obesos de IMC 30); mientras que el ministro de Salud-Resolución Ministerial 239 – 2020- MINSA, señala: edad límite 60 años y el índice de masa corporal (obesidad. IMC 40), la discrepancia política con la científica es notoria.

No se toma en consideración a los profesionales y quienes ejercen oficios, es decir, una gran mayoría de peruanos que trabaja de manera independiente, sin respaldo de sus colegios o asociaciones a las que pertenecen, ni de entidades representativas; sobre todo, cuando se vive del ejercicio de sus funciones día a día, sin garantía alguna.

Otro gran problema que verificamos es de los internos – condenados o con prisión preventiva – en los diversos centros penitenciarios del país. El Ejecutivo remite proyectos de leyes al Congreso, a fin de que se legisle para agilizar trámites de los que sufren prisión preventiva, pasan los días y no son debatidos – se trata de presos – y no le dan réditos políticos, porque solo debaten leyes populistas, algunos sin sustento jurídico.

El Poder judicial varía la prisión preventiva por detención domiciliaria, de Susana Villarán y tardaron días su libertad, por trámites burocráticos, los responsables incurrieron en una detención arbitraria.

Asimismo, consideramos, que no deben ser los mismos jueces que decretaron prisión preventiva quienes la dictaron, porque algunos, inclusive han incurrido en delitos para dictar esta medida y no van a reconocer “su error”; a mi criterio, deben ser otros jueces los que resuelvan estas variaciones.

Actualmente, se aplican medidas preventivas en mercados y centros de aglomeraciones, que no se hizo a mediados del mes de marzo; sin embargo, vemos con estupor como no se les proporciona los medios de protección a los médicos, enfermeras, policías, bomberos y los enfermos mueren, por la carencia de medicinas, camas, respiradores, que cada día es más clamorosa, dando lugar a que se incremente el número de contagiados y por ende de muertos, a ello se agrega, lo que se denuncia en forma continua, la corrupción en la adquisición de bienes y servicios estatales.

Lo que cabe es que los fiscales investiguen y denuncien, para que apliquen la ley a los infractores, teniendo en cuenta que estos actos delictivos se agravan cuando se ejecutan en casos de calamidad o cuando las apropiaciones se verifican en bienes de ayuda social.