OPINIÓN|Mario Amoretti: La política no debe intervenir en el sistema judicial

La decisión tomada por la fiscal de la Nación es la más atinada.
10 Enero, 2019
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La historia republicana nos demuestra, que al Poder Judicial y Ministerio Público, JAMÁS LO HAN DEJADO REFORMARSE, recordemos que se dicta una ley para crear Ceriajus, luego de que el Poder Judicial, bajo la presidencia del Dr. Hugo Sivina, dispone que una Comisión llamada “Acuerdo Nacional de Justicia”, los jueces supremos, viajan a lo diversos distritos judiciales, con la finalidad de llevar a cabo entrevistas con jueces, fiscales, abogados, litigantes, etc. y de escuchar a todos y cada uno de los antes nombrados, sobre los problemas que sufren todos los que intervienen en un proceso judicial.

Y como siempre, intervienen algunos políticos –Ejecutivo y Legislativo–, y se dicta la Ley que crea Ceriajus, tomando como suyos todos los insumos recogidos por los miembros del Poder Judicial. Sin embargo, han pasado cerca de 14 años y hasta la fecha no tenemos ninguna “reforma” o la aplicación de las conclusiones o recomendaciones a las que se llegó con estas visitas, por una razón muy sencilla, no se toma en cuenta la realidad u opiniones de los especialistas, para resolver este grave problema que se presenta en la administración de justicia.

Toda intervención –viola la autonomía del Ministerio Público– propugnada bajo el pretexto de la situación por todos conocidos, no puede servir de justificación para la destitución de fiscales supremos violando la Constitución, porque ellos solamente pueden ser destituidos por el Congreso de la República o el ex Consejo Nacional de la Magistratura, previo debido proceso; y mucho menos ser sustituidos por fiscales supremos adjuntos, porque no está previsto en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La decisión tomada por la fiscal de la Nación es la más atinada, porque ellos conocen sus problemas y necesidades; ojalá que no suceda, igualmente, con el Poder Judicial. Dada la situación en la que se encuentra dicho Poder del Estado ante la opinión pública, no puede ni debe servir de pretexto para intervenir el sistema judicial, el Poder Ejecutivo y Legislativo deben tener en cuenta lo que señala en forma expresa la Constitución y la Ley –carrera judicial–, es decir su autonomía e independencia, respectivamente. El principal problema es que ambos poderes le niegan darle el presupuesto que vienen solicitando durante años. Asimismo, cualquier reforma que se pretenda, lo verifiquen o lleven adelante quienes conozcan en la realidad –deplorables condiciones– como se administra justicia y no en un escritorio.