Opinión | Julio Schiappa: Los transportistas también son ciudadanos

27 Noviembre, 2019
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La manera como el alcalde de Lima y la jefa de la ATU están enfrentando la violenta rebelión de los colectiveros es política y socialmente errada.

Es políticamente errado enfrentar a los sectores informales llamándolos “vándalos y criminales” en bloque y sin distinciones entre ellos. Y resulta absurdo insistir en un esquema de corredores y alimentadores que no resuelve problemas de demanda del transporte y genera un enorme problema social que ningún político o funcionario del Estado puede ignorar sin generar un chilenazo aquí en las calles de Lima.

En primer lugar, el país atraviesa una crisis política que hace necesario ser prudentes y no voluntaristas a la hora de enfrentar los problemas de la ciudad. Empujar una unilateral reforma del transporte, concebida hace 4 años, cuando en la última gestión municipal de Luis Castañeda se ha permitido circular miles de colectivos y vans importados de China, es no tener sentido común. Peor aun cuando actores tan importantes como los empresarios formales dueños de las miles de unidades de transporte de Lima han sido tratados igual que los colectiveros, multándolos como forma de incrementar las rentas municipales, no dándoles voz en la creación de la ATU ni en la política de transporte de la ciudad. De lo que afirmamos son testigos la directiva de la Cámara de Transportes de Lima y los gremios de empresarios de la ciudad. El MEF actuó a puertas cerradas y sus tecnócratas decidieron en nombre de vecinos y gestores del transporte. No hay nada más violento que la exclusión económica y social. Y que no te consulten decisiones que atañen a tu negocio, a tus clientes y a la sociedad.

“No toleraremos la informalidad” ha señalado el alcalde de Lima. Una afirmación que es una barbaridad en un país con 80% de informalidad y solo 20% de economía formal. Claro que Muñoz va a tener que tolerar y negociar soluciones para la informalidad. Es para lo que fue elegido. Peor en una ciudad con demanda cubierta por el transporte informal y empresas formales precarizadas por las multas  municipales. Mientras se construyen más vías del tren, se espera más visión estratégica del alcalde Muñoz y menos reflejos amarillo patito en su gestión. El alcalde no es el dueño de la ciudad sino un concertador, gestor y componedor de las relaciones humanas y sociales de la ciudad.

La jefa de la ATU, María Jara, ha conminado a los colectiveros a comprarse buses de 12 metros y micros de 7 de largo, porque Lima se ha vuelto una boutique exclusiva para unidades con costos mayores a los 100 mil dólares. Como en tiempos de Susana Villarán, tecnocratismo indiferente a las realidades de los transportistas.

Además, estos funcionarios no atienden el pedido de todos los transportistas de acabar con el monopolio de una sola empresa como se ha establecido durante la gestión de Luis Castañeda.

La informalidad en el transporte requiere diálogo, reeducación y soluciones de mercado, como se implementaron en el sector de comerciantes informales durante las administraciones municipales de los alcaldes Alfonso Barrantes y Alberto Andrade. Ruta pionera que, con éxito, creó enormes centros comerciales adonde prosperaron varias generaciones de exambulantes. Es la única formalización exitosa que hay que imitar.

Las autoridades deben entender la informalidad, transformarla en emprendimiento progresista y moderno, es la única fórmula para arreglar el transporte en Lima. Los transportistas también son ciudadanos.