OPINIÓN | Gabriel Bustamante: “Un Estado confiscador que practica el ‘carrusel'”

"Estamos ante sucesivos gobiernos inmorales, confiscadores, expropiadores, "carruseleros" (usan aportes de los cotizantes activos para pagar a jubilados)...".
12 Diciembre, 2020
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5´290,000 familias ONP o el sistema previsional del Estado, ya se encuentran legalmente elegibles para que se les devuelva cerca de S/16,000 millones. La Ley 31083 indica que este 19 de diciembre 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas debe publicar el cronograma para que, al toque, los Jubilados cobren, por única vez, S/930.00. Asimismo, el martes 29 debe estar publicado el reglamento para la devolución de aportes.


Sin embargo, el pasado 9 de diciembre el Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de Inconstitucionalidad contra esta ley, la misma que de inmediato fue admitida a trámite y estaría resuelta a fines de marzo 2021, entretanto la ley está vigente. Preguntas de un ciudadano cualquiera al TC:

  1. Si la Constitución señala que los aportes ONP tienen fines previsionales (o sea garantiza una pensión mensual) a) ¿por qué cuando un Afiliado de 65 años que no aportó 20 no le dan su pensión? b) Si no lo hacen ¿por qué no le devuelven sus aportes dado que ya no existe fin previsional? Desde siempre el Estado CONFISCÓ (RAE = Acción y efecto de confiscar; pena o sanción consistente en la apropiación por el Estado de la totalidad del patrimonio de un sujeto) los aportes que debían tener fines previsionales.
  2. ¿Podrían señalar en qué parte de la Constitución referido al sistema pensionario se indica que el Estado deba CONFISCAR o EXPROPIAR los aportes de afiliados? ¿En base a qué se toma este derecho y atribución?
  3. Según absolución de observaciones, el Congreso de la República afirma: “Si sumamos todos los aportes de los afiliados y les restamos las pensiones pagadas, encontraremos que el administrador de esas pensiones en los años 80´se apropió ilegítimamente de dichos aportes…”. Esta acción de CONFISCAR los aportes de los trabajadores para utilizarlos como si fuera su caja fiscal, se constituye en una DEUDA PÚBLICA (Pasivo Financiero) que el Estado debe reponer con sus propios recursos.

Estamos ante sucesivos gobiernos inmorales, confiscadores, expropiadores, “carruseleros” (usan aportes de los cotizantes activos para pagar a jubilados), malversadores de fondos que, cuando les toca, como a la actual administración Sagasti, arreglar estos entuertos, prefieren denunciar ante el TC manteniendo ese maldito “Statu Quo”. Ahora pretenden que el TC sea su salvador.


Pero cuando el Tribunal Constitucional sentencia a favor de los FONAVISTAS para que les devuelvan todos sus aportes, este Ejecutivo abusivo calla en todos los idiomas, típica acción del doble rasero.

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