OPINIÓN | Dr. Edhín Campos Barranzuela: “Nueva reforma legal para los penales”

26 Mayo, 2020
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Bastante beneplácito ha causado en la comunidad jurídica la reciente aprobación de facultades legislativas que el Congreso de la República le ha otorgado al Poder Ejecutivo, para que legisle en el nuevo marco legal para excarcelar a procesados y condenados que se encuentran privados de su libertad, por riesgo de contagio del Covid-19.

Según ha precisado el presidente del Consejo de Ministros, en un plazo de siete días se tendrá el nuevo marco regulatorio para deshacinar los 68 establecimientos. No cabe duda que en los centros carcelarios se vive una terrible situación de hacinamiento, pues los mismos fueron construidos para albergar a una determinada de internos, sin embargo su capacidad instalada ha desbordado toda imaginación humana.

La población carcelaria a diciembre del 2019 es de 95,548, de los cuales 60,669 son sentenciados, que representa el 63.45% y 34,879 tienen la calidad de procesados, que representan el 36.55%, es decir tenemos más sentenciados que presos preventivos. Si a ello le sumamos que debido al avance del Covid-19 el número de muertes de los internos se ha incrementado de manera alarmante, ya la situación es preocupante, pues a la actualidad según se ha podido conocer, existen 188 presos que han muerto y 13 agentes del Inpe también han fallecido.

Por tal razón, urge tener un nuevo marco legal que faculte a los jueces de la República para que puedan resolver la situación jurídica de cientos de miles de procesados y condenados, que sean merecedores a este nuevo beneficio, que corresponderá aquellos internos que no se encuentren detenidos por la comisión de delitos graves.

En efecto, el Poder Ejecutivo tiene ahora las facultades para legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria y debe convocar de manera inmediata a los mejores expertos, a fin de dotar de una nueva legislación excepcional, en donde participen sus propios actores como el Poder Judicial, Ministerio Público, Colegio de Abogados, Ministerio del Interior, Instituto Nacional Penitenciario, Ministerio de Salud y Defensoría del Pueblo.

Por lo pronto, se tienen tres proyectos de ley, el primero elaborado por el propio Poder Ejecutivo, que establece medidas excepcionales para el deshacinamiento de los establecimientos carcelarios y centros juveniles por riesgo de contagio del Covid- 19. También tenemos los dos proyectos de ley enviados por el presidente del Poder Judicial al Poder Legislativo, que están referidos a la remisión condicional de la pena y revisión excepcional de la prisión preventiva, con la finalidad de descongestionar las 68 cárceles en el Perú.

En tal sentido, la nueva reforma del marco legal penitenciario, hoy se encuentra en las manos del Poder Ejecutivo, pues el problema de las cárceles debe solucionarse de inmediato, toda vez que con la salud pública no se vacila, no se espera, ni se juega y se calcula que 10,000 internos aproximadamente egresen de los establecimientos penitenciarios, previo estudio de cada caso por el Poder Judicial.