OPINIÓN | Carlos Jaico: “Poder Judicial: al César lo que es del César”

"Esto confirma que no cuenta con autonomía presupuestal, como es el caso del Poder Legislativo el cual, según el artículo 94 Constitución..."
9 Julio, 2020
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Fue John Locke en su obra “Dos tratados sobre el gobierno civil”, el creador de la división del Estado en tres poderes. Sin embargo, al lado del poder Legislativo y Ejecutivo, Locke hablaba de la existencia de un poder Federativo, sin identificarlo como un poder a parte entera.

Sería Montesquieu en “El Espíritu de las Leyes” quien nombró como poder Judicial a este poder Federativo, haciendo evidente la necesidad de su autonomía e independencia.

Estos antecedentes históricos inspiraron el artículo 43 de la Constitución, el cual prevé que el gobierno peruano se organiza según el principio de la separación de poderes.

Este edificio legal, consagra en el artículo 139 Constitución, el principio de independencia del Poder Judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional, pese a que no es elegido por el voto popular.

Su independencia es importante, debido a que su ausencia provocaría situaciones de subordinación o dependencia con respecto a los otros dos poderes. De donde, proteger la independencia del Poder Judicial es, sobre todo, dar a sus titulares los medios concretos para ejercer su plena función. No obstante, la tendencia en el Perú es la insuficiente autonomía presupuestaria del Poder Judicial.

Así, siguiendo la lógica del artículo 145 Constitución, el Poder Judicial debe, en primer lugar, presentar su proyecto al Poder Ejecutivo, para luego sustentarlo en el Poder Legislativo.

Esto confirma que no cuenta con autonomía presupuestal, como es el caso del Poder Legislativo el cual, según el artículo 94 Constitución, gobierna su economía y sanciona su presupuesto, pudiendo incluso aumentarlo.

Existe entonces una autonomía funcional del Poder Judicial, con respecto a los otros dos poderes del Estado, pero esto no se traduce en el aspecto presupuestal.

El Tribunal Constitucional relevó este aspecto en su resolución N° 004-2004-CC/TC, donde indica que la autonomía presupuestaria se presenta como el elemento fundamental para que el servicio pueda prestarse con solvencia y se cumpla con una de las finalidades del Estado, contribuyéndose a la paz social.

Pese a estas directivas, el Poder Judicial es puesto prácticamente al mismo nivel que el Defensor del Pueblo, Ministerio Público o el Jurado Nacional de Elecciones al tener que defender su presupuesto delante del Poder Legislativo.

En consecuencia, de cara al Bicentenario, el Poder Judicial debe recuperar a plenitud su posición de poder del Estado. Para esto, será necesario que goce de los recursos financieros que le permitan asegurar al ciudadano, su derecho fundamental de acceso a la justicia.