OPINIÓN | Carlos Jaico: “La Salud como derecho fundamental”

"Así, formalmente, el derecho a la salud exige del Estado, la plena realización del derecho a la salud a través de la adjudicación de recursos".
21 Mayo, 2020
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Al parecer hemos llegado al punto de quiebre, en cuanto a camas en centros hospitalarios se refiere. Asimismo, el personal médico y de enfermería que debería acompañar cada cama instalada, ya no es suficiente.



Con lo cual, quien llegue a un hospital como paciente Covid-19 se va a dar con la ingrata noticia que camas ya no hay, y que deberá esperar a que algo se libere.

Este escenario catástrofe no debería ser sorpresa para nadie. Y es que la crisis sanitaria ha venido a desnudar la cruda realidad del sector Salud. Cabe recalcar que el derecho a la salud está consagrado en la Constitución Política (principalmente artículos 2, 7, 9 y 11) y en la Ley General de Salud (precisada en la Ley Nº29414), que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.


Así, formalmente, el derecho a la salud exige del Estado, la plena realización del derecho a la salud a través de la adjudicación de recursos. Pese a que la Constitución Política hace de la salud un derecho constitucional, este sector no ha sido tomado en serio.

Prueba de ello es que las anunciadas reformas, desde la década pasada, solo fueron promesas electorales. Se le mantuvo segmentado y disperso mermando su gobernabilidad, con escasez de personal, ineficiencia y poca transparencia en el uso de los recursos.

De allí que el nivel de inversión haya sido bajo. Así, el presupuesto en salud genera una brecha social al invertir el pírrico promedio de 2.3% del Producto Bruto Interno, desde hace diez años.

Este desapego de los gobiernos se explicaría por considerar el derecho a la salud como un negocio más, aplicándole la ruda lógica del libre mercado, la misma que se aplicó al sector educación.

De esta manera, la ineficacia de los servicios de salud pública ha lanzado al ciudadano a buscar mejor suerte en el sector privado, donde encontró que no ha sido mejor, pero sí inaccesible para su bolsillo.

Y, sobre piedras palos, al no existir regulación alguna sobre el precio de las medicinas, el ciudadano está librado a su suerte frente al monopolio farmacéutico, el cual no teme sanción alguna por parte de Indecopi.

En consecuencia, toda reforma del sector salud pasa por una mínima inversión del 6% del PBI. Esto mejoraría la atención, infraestructura y personal médico en favor de todos los peruanos, base esencial para su desarrollo.