OPINIÓN | Carlos Jaico: ‘La democracia cuesta, la corrupción más’

"Esto ha originado el consabido lavado de activos, donde intereses ajenos a la política han encontrado el lugar propicio para hacer negocios".
20 Agosto, 2020
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Es una verdad de Perogrullo, que la actividad política y electoral cuesta dinero, y mucho. Las necesidades financieras en tiempos de campaña electoral han aumentado considerablemente por el consumo de ingentes cantidades de dinero en asesores, asistentes, publicidad (escrita, radial y televisiva), transporte, organización interna del partido, personal administrativo, etc.



La campaña electoral se ha convertido más en una apuesta económica, que deja de lado la visión de país o las cualidades del candidato. Así las cosas, el dinero es hoy indispensable para las campañas electorales y, por ende, para el funcionamiento de la democracia. En este caminar, las organizaciones políticas buscan sus fondos de funcionamiento privados.

Precisamente, pueden recibir aportes desde 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT). La misma legislación les impone topes y fuentes prohibidas, por ejemplo, el aporte de personas jurídicas, y se puede recibir dinero por actividades proselitistas hasta 250 UIT.


Sin embargo, está comprobado que financieramente esto no basta para cubrir una campaña electoral. Como consecuencia, la precariedad moral de los candidatos les ha hecho recurrir a malabares para esconder el origen ilícito de los aportes recibidos.

Esto ha originado el consabido lavado de activos, donde intereses ajenos a la política han encontrado el lugar propicio para hacer negocios. Así, una parte de la clase política se ha visto inmersa en actos de lictivos, al deber pagar favores por los fondos recibidos para solventar sus campañas electorales.

La corrupción en cierta manera ha convivido con la política y esto se ve confirmado por la “Radiografía de la corrupción en el Perú” (2019), según la cual 32,925 funcionarios a lo largo y ancho del país han sido procesados por corrupción y 200 han sido los casos graves de corrupción que el Congreso de la República ha investigado en estos últimos 40 años.

Una solución parcial a este problema se dio en el referéndum del 2018, al crear la figura de la sanción civil y penal para quien reciba financiamiento ilegal.

A esto se sumó que los partidos solo puedan difundir propaganda en medios de comunicación a través de la franja electoral. Pero esto tampoco basta, debido a que los partidos no cuentan con financiamiento directo del Estado.

Solamente, se les brinda financiamiento público directo a los partidos que cuentan con representación en el Congreso. Sin embargo, este financiamiento no se puede usar para campañas electorales.

A puertas del Bicentenario, el Estado debe decidir si participa en el financiamiento regulado de la actividad política, o continúa legislando sobre los vacíos legales que ahondan la corrupción política.