OPINIÓN | Ántero Flores-Aráoz: “Ni legal ni legítimo”

"La verdad no vemos excepcionalidad que pueda acreditarse para el nombramiento en cuestión".
6 Septiembre, 2020
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En relación con declaraciones que formulé, en relación con el nombramiento de Vicente Zeballos como nuevo representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con rango de embajador; un buen amigo, aunque con el defecto de ser porfiado, me contradecía diciendo que el nombramiento era absolutamente legal, aunque pudiese no ser legítimo.



Efectivamente no es legítimo, pues, si bien constituye facultad constitucional del presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros y, dentro de la cuota que le está asignada de embajadores fuera del escalafón diplomático, tal nombramiento es por menos de un año, ya que deberá cesar indefectiblemente en las funciones, al concluir la gestión del gobierno que lo nombró.

Además, para ello se tuvo que cambiar de colocación al embajador en la OEA, con únicamente algo más de un año en su desempeño y con lo gravoso para el erario nacional que resultan los cambios y los nombramientos repentinos.


Obviamente, por lo antes dicho, no hay legitimidad, pero como veremos más adelante tampoco hay legalidad, pues en lo que se refiere al presidente de la República, es de su responsabilidad la administración de la hacienda pública, siendo un despilfarro quitar antes de tiempo a un embajador y nombrar a otro por breves meses. Con lo que cuestan los cambios, bien se pudo utilizar su importe para pagar alguna cuota que adeudamos de organismos internacionales.

Entre los requisitos legales se encuentra que el nombramiento debe ser caso excepcional y, la verdad no vemos excepcionalidad que pueda acreditarse para el nombramiento en cuestión, salvo que ella sea para dar un premio consuelo, indebido y fuera de toda racionalidad a quien fuera un dócil compañero de ruta del presidente, todo ello fuertemente cuestionable.

La Ley exige también al nombrado, capacidad y versación notoria y, lo que ha sido notorio, francamente es lo contrario. En el desempeño de los cargos de ministro de Justicia y de presidente del Consejo de Ministros, incurrió en diversos errores constitucionales y jurídicos, que por haber sido de conocimiento público no voy a repetir.

Como justificación para el encargo diplomático, el interesado manifiesta que ha sido varios años miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, lo cual no significa mucho, pues hay personas que pasaron doce años en la escuela, pero la escuela no pasó por ellos.

Otro de los requisitos legales para el cargo, es haber prestado “destacados” servicios a la Nación. Cierto es que ha prestado servicios, pero no son destacados como tampoco eficientes y útiles y, en esto, basta recorrer los comentarios e informaciones de la prensa por tiempo considerable, lo que nos exonera de otras reflexiones.

También es exigencia legal el haber tenido “correcta” conducta pública y privada. Tanto la una como la otra, son conocidas por la ciudadanía y por decoro y respeto al Estado Peruano, y para obviar papelón ante la OEA, no quisiera incidir en ello. En conclusión, el nombramiento no es legítimo ni legal.