OPINIÓN | Ántero Flores-Aráoz: “Amplios, pero no permisivos”

"... no podrán hacer lo que les venga en gana sino lo que la normatividad interna de nuestro país los autoriza".
11 Diciembre, 2021
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Nuestro querido Perú desde siempre ha tenido vocación integradora, principalmente con los países andinos y, gracias al genio negociador del embajador Vicente Cerro Cebrián, hace varias décadas se suscribió el “Acuerdo de Cartagena” que dio lugar a lo que hoy conocemos como “Comunidad Andina”, constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que por un tiempo tuvo también la participación de Chile y de Venezuela.

La Comunidad Andina ha tenido en su existencia épocas de gran colaboración entre sus integrantes, como también períodos en que parecía ser un acuerdo cadavérico. Como toda obra humana ha tenido duras y maduras, aciertos y defectos, acercamientos y distanciamientos, pero en los últimos tiempos los países miembros confirman su deseo de darle vitalidad integradora.

Entre las tareas que se impuso la Comunidad Andina, está la de favorecer la migración subregional entre los nacionales de nuestros países, que podría ser beneficiosa para facilitar actividades económicas y de negocios entre nuestros países con ánimo de propender a su desarrollo y al crecimiento comunitario armónico. Con tal finalidad en mayo último fue adoptada la Decisión 878 que aprobó el “Estatuto Migratorio Andino”.

El Estatuto en cuestión facilita el desplazamiento entre los ciudadanos de nuestros países en la Subregión Andina, permitiendo que sea con la simple exhibición del documento de identidad nacional y portando la “Tarjeta Andina de Migración”, además de garantizar la libre circulación en calidad de turistas.

Dicho Estatuto confiere a los ciudadanos de la Subregión Andina, el trato de ciudadanos nacionales de los países de acogida, pero están obligados a cumplir con las disposiciones internas del país receptor.

Nuestra Ley de Migraciones, esto es el Decreto Legislativo 1350, tiene entre sus preceptos la no criminalización de la inmigración irregular, al mismo tiempo de ratificar nuestra vocación de igualdad y no discriminación, así como de rechazar prejuicios migratorios, el racismo y la xenofobia. Al mismo tiempo establece que los extranjeros solo podrán realizar en nuestro territorio las actividades que les permita su situación migratoria, esto es no podrán hacer lo que les venga en gana sino lo que la normatividad interna de nuestro país los autoriza.

La legislación migratoria nacional faculta a impedir el ingreso al Perú de personas que supongan una situación de riesgo o peligro o que constituya amenaza para la seguridad nacional, el orden público y el orden interno, así como cuando se cuente con información de inteligencia que califique al supuesto migrante como riesgoso para la seguridad nacional.

Cuando pese a lo antes señalado, personas del exterior que no califican, ingresan a nuestro territorio, en caso que ellas realicen actividades que atenten contra el orden público, el orden interno o la seguridad nacional, podrán ser expulsados del Perú.

Pese a todo lo señalado, hemos sido exageradamente permisivos con algunos ciudadanos venezolanos que, bajo el pretexto de colaboración médica en las casas del Alba, incitaban a la violencia y a la perpetración de hechos irregulares. Parecería que esto mismo podría estar sucediendo con nacionales bolivianos, incluso con su expresidente Evo Morales. Seamos generosos, pero no permisivos. Tenemos las herramientas antes expuestas.

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