Ministro de Justicia lamentó que la corrupción sistemática continúe provocando daño al país

El ministro Eduardo Vega consideró que “el país debe avanzar en la construcción de la paz, la justicia, la integridad y las instituciones sólidas” rumbo al bicentenario.
23 Febrero, 2021
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, lamentó que la “corrupción sistemática” continúe haciendo daño a las personas, la confianza en las autoridades y la gobernabilidad del país, en el marco de la emergencia sanitaria de la Covid-19.


De ese modo, aseguró que el país debe avanzar en la construcción de la paz, la justicia, la integridad y las instituciones sólidas rumbo al Bicentenario de la Independencia. “Será la expresión de esperanza y de reafirmación de una ética pública al servicio de la ciudadanía y una lucha permanente contra la corrupción“, agregó.

Durante su participación en la inauguración de la Mesa de Acción del Objetivo de Desarrollo Sostenible °16 sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, el funcionario también rescató que en la pandemia se ha podido apreciar signos de esperanza y señales muy claras de que es posible trabajar en favor de una sociedad inclusiva y sostenible.


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“Estamos convencidos de que un plan de acción en materia de empresas y derechos humanos puede contribuir con el desarrollo sostenible del país, con la construcción de un país más igualitario, más inclusivo y en el que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos […] esta será la expresión de esperanza y de reafirmación de una ética pública al servicio de la ciudadanía y una lucha permanente contra la corrupción”, expresó.

Eduardo Vega también aprovechó para saludar los esfuerzos del sector privado para mejorar sus mecanismos en materia de derechos humanos y el trabajo con el Estado, la sociedad civil, pueblos indígenas y sindicatos en la elaboración del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú, a cargo del Ministerio de Justicia.

“Durante casi dos años más de 130 instituciones vienen intercambiando puntos de vista y estableciendo vínculos de colaboración para consolidar una política pública de Conducta Empresarial Responsable, a partir de la incorporación de los estándares internacionales, en particular de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos”, refirió.

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