Ministro Castañeda denuncia inconstitucionalidad de lo aprobado por el Congreso

Ayer domingo el Congreso aprobó la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la cual estuvo acompañada de otras disposiciones que no fueron debatidas en comisiones.
6 Julio, 2020
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¿Lo sacaron al ‘guerrazo’? El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, celebró que algunas bancadas cambiasen su voto en referencia a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, pero denunció una distorsión en lo aprobado ayer domingo debido a que se incluyeron artículos complementarios que transforman este proyecto en algo inconstitucional, ya que se incluyeron nuevos temas de gran importancia para el país sin el mínimo debate en comisiones.


“Existen un conjunto de problemas de constitucionalidad en lo que se ha aprobado. Por la trascendencia de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, no se puede exonerar de las comisiones… se exige profundidad del debate, que no se exonere de comisiones para que pueda ser analizado bien”, dijo en diálogo con Exitosa.

En este sentido, Fernando Castañeda cuestionó que el Congreso rompiera sus propias reglas y metiera nuevos temas sin mayor debate, incluso vulnerando la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo: “hay serios problemas de vicios de constitucionalidad que no pueden darse, aquí lo que está de por medio es cómo se configura la relación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo”.


Recordemos que, el pleno del Congreso aprobó la eliminación de la inmunidad parlamentaria y el antejuicio de altos funcionarios con 110 votos a favor y 13 en contra. Esto tras una reconsideración a la votación llevada a cabo en la madrugada del sábado 4. Al tratarse de una reforma constitucional, se requiere una segunda votación calificada en la siguiente legislatura que arranca este lunes 6.

De esta manera, la fórmula final para modificar el artículo 93 de la Constitución establece que “los ministros de Estado no cuentan con antejuicio político, ni ningún tipo de inmunidad durante el ejercicio del cargo”, y que el presidente de la República puede ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato presidencial o con anterioridad.

En este sentido, el ministro Fernando Castañeda advirtió que con lo obrado por el Congreso “hay un serio desequilibrio que debe ser analizado por el Tribunal Constitucional” y esto tendrá que ser visto por el TC, lo cual será visto luego de la segunda votación.