Marianella Ledesma: “No todos los delitos justifican una medida tan drástica como una detención”

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, da su propuesta frente al hacinamiento en los centros penitenciarios del país.
27 Mayo, 2020
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En el marco del estado de emergencia por el coronavirus COVID-19, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, dio alcances sobre la decisión de su organismo de declarar “inconstitucional” el hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

“Es una problemática que el Tribunal Constitucional ha evidenciado a partir de un caso por el cual ha tenido que pronunciarse, frente a la denuncia de un interno del penal de Tacna, por las condiciones en las que sufría la privación de su libertad. En este caso, el interno dormía sobre cartones en el piso, y se trataba de un interno que inclusive tenía problemas vinculados con su salud”, manifestó en declaraciones a Exitosa.

Al respecto, indicó que el TC ha tomado este caso “para evidenciar una situación masiva que se da en todos los penales y en todo el sistema carcelario de nuestro país, y que se llama sencillamente hacinamiento”.

Como exhortación al Poder Judicial, Ledesma señaló que las cárceles deben ser pobladas preferente por personas que han cometido delitos graves y que generen un peligro social. “Pero le pongo un ejemplo, hay tres mil personas en promedio que están detenidas por no pagar pensiones alimenticias a sus hijos, claro que esto es reprochable, pero no todos los delitos justifican una medida tan drástica como una detención”, argumentó.

“Desde el Tribunal Constitucional tenemos que decir que las restricciones de la libertad, por más que sean legítimas y por más que vengan de una autoridad judicial, tienen que darse en condiciones por lo menos que aseguren una vida digna y que aseguren la salud de las personas que estén detenidas”, añadió.

Ledesma puso como ejemplo una cárcel en Chanchamayo, Junín, que está ocupada por 784 personas, cuando ha sido diseñada para 120 personas.

Asimismo, enfatizó en que lo que ha analizado el TC “son las condiciones de restricción de toda persona, al margen de que esté condenada o procesada, se le obliga a sufrir”.

Ledesma también cuestionó que en el sistema penitenciario no exista una eficaz política de reinserción social, laboral ni educativa. “Esto es una mirada profunda estructurada a lo que somos como país, en el sistema penitenciario”, puntualizó.