‘Los Malditos de Angamos’ | Fiscalía solicita 15 años de prisión para gobernador regional del Callao

El pedido fiscal precisa dicha sentencia contra Dante Mandriotti por ser el presunto financista de la organización criminal.
9 Junio, 2022
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El primer equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste presentó el requerimiento acusatorio contra el gobernador regional del Callao, Dante Mandriotti Castro, y otros 28 acusados, en el marco del proceso penal contra los integrantes de la organización criminal ‘Los Malditos de Angamos’ dedicados a la extorsión, sicariato, cohecho activo, homicidios, entre otros.

El pedido fiscal precisa una sentencia de 15 años de pena privativa de la libertad contra ‘Kiko’ Mandriotti por ser el presunto financista de la red; así como también se pide cadena perpetua para José Antonio Prado Ventura, presunto cabecilla de la mencionada organización criminal, y tres de sus lugartenientes.

Además, el representante del Ministerio Público requirió 35 años de prisión prisión para otros siete procesados, quienes fueron acusados por el delito de sicariato.

Agregado a ello, se solicitó una condena de 17 años para Marco Antonio Gonzales Villón, quien en el 2018 fue comisario de la dependencia policial de Ventanilla, y contra el agente Pedro Deza Loyaga.

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Por otra parte, se pidieron penas de 12 años para los otros cuatro efectivos de la Policía Nacional del Perú, señalados de presuntamente favorecer a la red entregándoles datos privilegiados sobre operativos y patrullajes en zonas donde delinquían.

El fiscal provincial Christian Santamaría, en esta etapa del proceso, ha requerido también el pago de 201 mil soles por concepto de reparación civil, así como el decomiso de todos los bienes incautados que provendrían de hechos ilícitos.

Según la investigación, la organización amenazaba a los representantes de las empresas constructoras para incluir en sus planillas a ‘trabajadores fantasmas’ a quienes se les asignaba el pago de cuotas sindicales sin que estos ejerzan algún trabajo, esto a cambio de que no se ponga en riesgo la integridad de los otros trabajadores.

La hipótesis fiscal señala que los acusados habrían incrementado su accionar al incluir entre ellos a políticos y efectivos policiales, los cuales ayudaron a que no se les investigue, sancione o persiga.

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