La Comisión Permanente por fin dejó el Parlamento y aprobó dos decretos más

Cinco meses después de disolverse el Congreso, el grupo que lideró el fujimorista Pedro Olaechea sesionó ayer por última vez.
13 Marzo, 2020
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Hubo que esperar cinco meses, desde que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso, para que la Comisión Permanente –integrada en su mayoría por legisladores de Fuerza Popular– llegara ayer a su última sesión y, con ello, se despidiera por fin del Parlamento.

La referida comisión, que fue dirigida por el fujimorista Pedro Olaechea, fue la única que permaneció activa en el Congreso tras su disolución el 30 de noviembre de 2019. Pese a ello, sus integrantes –en este escaso tiempo– siguieron siendo criticados por parte de la ciudadanía.

Por ejemplo, el mismo Olaechea había interpuesto, ante el Tribunal Constitucional (TC), una demanda de competencias y una acción de amparo contra el Gobierno. ¿El objetivo?: revertir las consecuencias de la disolución.

Sin embargo, el TC declaró constitucional la disolución y dejó en claro que la Comisión Permanente solo debía evaluar los decretos de urgencia.

Según los analistas, hubo otra ‘perla’ de la comisión que lideró Olaechea: la bonificación de S/ 8,600 que la Mesa Directiva aprobó dar a cada uno de los trabajadores del Parlamento, algo que no les correspondía. Ante ello, la Contraloría General de la República creó una comisión para investigar ese hecho.

Por mayoría

Ayer, en su última sesión, el debate fue presidido por Karina Beteta (Fuerza Popular). Al final, se aprobaron por mayoría dos informes respecto a dos de los últimos decretos de urgencia emitidos por el Gobierno.

Uno fue el decreto emitido por la emergencia tras la deflagración de un camión cisterna de gas en Villa El Salvador. El otro fue el que crea mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar a través del conocimiento de los antecedentes policiales.

Aprobaron 58 decretos

La Comisión Permanente revisó 68 decretos de urgencia emitidos por el Gobierno, de los cuales se aprobaron 58 informes. Asimismo, 3 de ellos fueron rechazados y con 7 no llegaron a un acuerdo, debido al mayor número de abstenciones. Estos últimos serán elevados al nuevo Congreso, que se instalaría la próxima semana.