Keiko Fujimori podría ser liberada por el Tribunal Constitucional

El exprocurador Antonio Maldonado afirma que la organización fujimorista puede ser considerada como una organización criminal, pues su comportamiento así lo demuestra.
10 Noviembre, 2019
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La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público ha sancionado al fiscal José Domingo Pérez con una multa de 10% de su sueldo por ofrecer declaraciones políticas. ¿Qué opina?

Me parece bien sancionado. No es la primera vez que lo hace. Su conducta debe estar acorde a la Ley Orgánica del Ministerio Público y a las directrices sobre la Función de los Fiscales, aprobadas por la Asamblea General de la ONU, en un Congreso realizado en La Habana, Cuba.

El fiscal Rafael Vela asegura que esta medida contra su compañero del Equipo Lava Jato es arbitraria y que se buscaría entorpecer su testimonio sobre el ex fiscal de la Nación Pedro Chavarry. Agrega que bajo esta figura, él también debería estar sancionado.

Sobre la sanción al fiscal Pérez espero que no sea arbitraria. No creo que el fiscal Rafael Vela haya incurrido en la misma falta que Pérez. Sin embargo, puede ser que, en un ambiente institucional todavía hayan infiltrados por los Cuellos Blancos del Puerto, éstos quieran destruir la acción del Equipo Especial. Dicho esto, Pérez debe ser más prudente. Lo reitero.

La fiscal de Control Interno  María Isabel Sokolich Alva, lamentó que malos fiscales no puedan ser separados de la institución porque el “mayor obstáculo es que no tenemos instalada la Junta Nacional de Justicia”.

La Junta aún no está instalada por responsabilidad del Congreso disuelto. La Comisión encargada de seleccionar la Junta ha hecho un lamentable trabajo, en especial, el Defensor del Pueblo. Los malos Fiscales que habría que separar de la Junta de Fiscales Supremos son conocidos, empezando con el Fiscal Supremo Pedro Chavarry. A pesar de los obstáculos y debilidades, el Equipo Especial de Fiscales Lava Jato, siguen siendo un paradigma de su institución. Han actuado, y están actuando, con valor, dignidad e integridad.

Usted se ha mostrado a favor de la devolución de 524 millones de soles a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.  Algunos han criticado esta medida señalando que al igual que los brasileños nos dan la información a cuentagotas, el PJ debe devolver esta millonaria cifra de igual manera.

Desde mi punto de vista, la resolución u homologacion judicial del Acuerdo, particularmente, en su resolución del 17 de junio pasado, es fundamentalmente correcta. El tema está en la manera como la Fiscalía, el Equipo Especial, negocia con Barata. Es claro que Barata es reticente o no quiere entregar a sus amigos, como fue el caso de Alan García. Las negociaciones de la Fiscalía, en el pasado, han sido peores de lo que son ahora. Ahora, al menos, se ven importantes avances. Todo lo revelado en el mes de septiembre, octubre y noviembre es  clave y fundamental.

Algunos juristas dicen que en la información revelada por Jorge Barata, jefe de Odebrecht en Perú, no hay nada concreto y que los fiscales Lava Jato solo dependen de sus declaraciones y las de otros colaboradores. Además cuestionan sus medidas cautelares tardías.

No estoy de acuerdo. Hay información importante ya entregada y con el compromiso de seguir ampliándose. Es verdad que dependemos de los brasileños. ¿Cuál de los doce países (dos del África) que fueron afectados por esta corrupción no dependen de esta información? El equipo peruano de fiscales es, a pesar de todos los obstáculos y problemas impuestos a ellos, el que más ha avanzado en la región. Según cifras de la Procuraduría Federal de Brasil, el Perú ha presentado 122 solicitudes de cooperación internacional, más que todos los demás.

Existe una controversia entre juristas sobre si debe ser tomada o no por el Tribunal Constitucional las revelaciones de Jorge Yoshiyama contra Keiko Fujimori cuando se revise el recurso de hábeas corpus. ¿Qué opina?

Sí. Tengo la convicción de que las declaraciones de Jorge Yoshiyama no solo es relevante sino que es fundamental, crucial, importante y necesaria. En ellas se revela que la señora Keiko Fujimori conocía muy bien de los aportes de Odebrecht y también por la ampliación de esta declaración hoy algunos medios difunden que la señora Keiko Fujimori instruyó al entonces vocero del fujimorismo, Daniel Salaverry, para que entablase relaciones con el ex fiscal Pedro Chavarry. Estas dos declaraciones son muy relevantes para entender que la lideresa de Fuerza Popular obstruyó la labor de la justicia lo que ha sido confirmado por la Corte Suprema y debidamente impuesta.

Considera que de ser consideradas estas declaraciones por el TC, se complicaría la situación de Keiko Fujimori

Sin duda. Las declaraciones de Jorge Yoshiyama confirman que la señora Fujimori lideró una organización bajo cuyas órdenes y conocimiento se produjo una serie de acciones que entorpecen la labor de la justicia.

El fiscal José Pérez ha demandado que Fuerza Popular suspenda su actividad política, es decir, no participar en las elecciones de enero, por ser supuestamente una organización criminal. ¿Coincide con este pedido?

Sobre la solicitud del fiscal Pérez de considerar a Fuerza Popular como una organización criminal y proceder conforme a lo efectúa el Código Penal de disolución de dicha persona jurídica me parece procedente y pertinente, porque por sus actos ha demostrado que su comportamiento ha demostrado estar lejos de constituir una agrupación legítima… Más bien su conducta pasan a ser una conducta delictiva.

Teniendo como precedente el caso Humala – Heredia, y que su presidente Ernesto Blume, recomendaría que se la conceda el hábeas corpus a la lideresa de Fuerza Popular, y con ello pueda ser excarcelada. ¿Ve posible su excarcelación?

Puede ser. El hábeas corpus no mereció ni siquiera ser admitida por el TC. Desde mi punto de vista se está disfrazando de una cuarta instancia y adjudicándose una atribución que no tiene a través de un hábeas corpus. El hábeas corpus no procede revisarlo porque ya la Corte Suprema dictaminó en varias instancias, inclusive en el nivel de casación que la medida impuesta era racional y necesaria por tanto la intervención del Tribunal Constitucional me parece grave y politizada.

¿Qué espera de este nuevo Congreso que será elegido en enero del 2020?

Si el Jurado Nacional de Elecciones dispone que pueden participar los congresistas disueltos, la posibilidad de renovación política fracasará. Igual, si participan viejos políticos con antecedentes de corrupción o sombras de ella. Si ello fuese así, la inmunidad parlamentaria seguirá siendo pervertida.

¿Cómo ve la lucha anticorrupción que el gobierno de Martín Vizcarra pregona como principal bandera?

La lucha contra la corrupción la enarbola la ciudadanía, el pueblo peruano, no este gobierno. Vizcarra ha sabido escuchar el clamor popular, pero si este gobierno se aparta de este camino, el pueblo seguirá luchando contra la corrupción, a pesar de los obstáculos que pudieren surgir.