IPYS: Propuesta de Perú Libre sobre medios de comunicación “amenaza la libertad de expresión”

"Es inconstitucional, en tanto considera a los medios de comunicación como prestadores de un servicio público más, sujeto a regulación por el Estado", dijo la entidad.
20 Septiembre, 2021
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A través de un comunicado, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se refirió a la iniciativa del congresista de Perú Libre, Abel Reyes, de declarar de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión, y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”. El IPYS señaló que el proyecto “amenaza directamente la libertad de expresión”.


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“Es inconstitucional, en tanto considera a los medios de comunicación como prestadores de un servicio público más, sujeto a regulación por el Estado. La Constitución brinda garantías para informar libremente, sin censura previa”, indicó la entidad a través de un comunicado.


Esta propuesta, según el IPYS, tiene “un propósito de controlar los medios de comunicación para limitar la crítica y fiscalización”. Por ello, exhortó al presidente Pedro Castillo a “respetar los principios de defensa de la libertad de expresión”.

“Le solicita, por lo tanto, deslindar con el proyecto de Perú Libre, y gobernar con la mayor transparencia, enfrentando a las críticas y corrientes opositoras como corresponde a un mandatario democrático”, finalizó.


Otra de las instituciones que se pronunció sobre el proyecto de ley fue la Asociación Civil Transparencia.

“La Ley de Radio y TV recoge los principios que garantizan la libertad de prensa y el derecho ciudadano a una información plural, veraz e imparcial. Todos debemos colaborar en su aplicación efectiva. Transparencia rechaza toda propuesta legislativa que afecte dichos principios”, dijeron en un comunicado.

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Cabe resaltar que la propuesta señala que los medios de comunicación son “un servicio público de competencia de la Nación” que debe ser “protegido y promovido por el Estado”. También afirma que el Gobierno podrá determinar disposiciones “temporales” de obligatorio cumplimiento para los operadores.

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