Fuerabamba se queja por falta de avance en el convenio y suspensión de reuniones

Uber Astete informó que la población fuerabambina anda disgustada porque no se ha avanzado en la situación que atraviesan sus trescientos denunciados.
21 Junio, 2019
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Después de dos meses transcurridos de la firma de acta de acuerdos entre comuneros de la provincia de Cotabambas y el Poder Ejecutivo, el dirigente de Fuerabamba, Uber Astete expresa su incomodidad porque hasta la fecha no se ha avanzado en el convenio y por suspensión de reuniones.



Astete conversó con diario Exitosa para informar que la participación de la titular de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, se postergó por la priorización que está dando el Ejecutivo al tema de gas de Camisea en Cusco.

Informó que la población fuerabambina anda disgustada porque no se ha avanzado en la situación que atraviesan sus trescientos denunciados. Y que solo el ministro Vicente Zeballos ha planteado algunas soluciones para otras comunidades. No observa del Ejecutivo la voluntad por solucionar las distintas problemáticas.


Criticó que después del padrinazgo del local de Cuna más en Fuerabamba promovido por la gestión de los comuneros, municipios y minera no ha observado un despliegue similar de parte de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Situación de Las Bambas lo ve la Defensoría

Según la Defensoría del Pueblo hasta la fecha sigue participando en su papel de veedor en las distintas reuniones establecidas entre la comunidad de Cotabambas, Ejecutivo y empresa minera.
En su reporte mensual de conflictos la Defensoría informa que existen once problemáticas sociales que atraviesa la región de Apurímac, cuatro de ellos se encuentran referidon a temas socioambientales. Además, tres alertas que pueden devenir a nuevos conflictos sociales.
Cabe recordar que los comuneros de Fuerabambas señalan que no hay acompañamiento para ver la negociación con el Gobierno y la empresa china.
Se conoce que de los 116 conflictos socioambientales activos y latentes registrados durante este mes, el 62.1% (72 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 15.5% (18 casos), según señala Defensoría.