Fiscal de la Nación debe acreditar delitos de Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez

Abogado penalista Carlos Caro dice que si demuestra que cometieron homicidio agravado en la muerte de dos jóvenes en la marcha, pena puede ser hasta de 35 años de prisión.
28 Noviembre, 2020
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Por: Juan C. Ángeles M.



El abogado penalista Carlos Caro estimó que el expresidente y congresista, Manuel Merino; el expremier Ántero Flores-Aráoz; y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, podrían ir a prisión hasta por 35 años, si la Fiscalía de la Nación encuentra indicios de responsabilidad penal por la muerte de los dos jóvenes y decenas de heridos durante la Segunda Marcha Nacional del pasado 14 de noviembre.

Como se recuerda, la Fiscalía dispuso el inicio de la investigación preliminar por ocho meses contra las exautoridades del Ejecutivo, tras la muerte de Inti Sotelo y Jack Pintado.


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“Se tendría que probar su responsabilidad por acción u omisión, si eso pasara, se podría presentar una acusación por el delito de homicidio agravado, que tiene una pena de 35 años. Pero esto no es automático, dependerá mucho de las pruebas que se puede recolectar. Las diligencias de la fiscalía van a demostrar si se configura o no esa infracción”, explicó Caro a Exitosa.

Profundizó que, de encontrarse indicios, se podría formular una acusación ante el Congreso de la República para que sea trasladada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales e inicie el proceso de levantamiento de inmunidad.

Para el penalista Marcos Ibazeta, aún es prematuro hablar de una condena porque recién inicia las investigaciones, pero “si se demuestra responsabilidad penal, o sea acredita que ordenaron matar de manera directa o indirectamente, podrían ir a prisión”.

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“Estamos hablando de una pena de 25 a 30 años porque los delitos que imputados son homicidio calificado y desaparición forzada. Si hay criterios de reducción, u otras consideraciones, podría llegar a 15. Eso sí, nadie está hablando del orden público, una facultad del presidente y sus ministros para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía”, indicó.

 Orden público

Ibazeta agregó que el orden público es una facultad del Ejecutivo y de tomarse en cuenta, como una defensa de los implicados, no representaría un delito, salvo que se ordenará matar. “Todas estas imputaciones son muy graves y tienen que ser investigadas. Ahí se verá la labor del Ministerio Público”, comentó a esta casa editora.