Factor A.F: Crímenes de Barrios Altos y el caso de la Cantuta

El domingo 3 de noviembre de 1991, entre seis y ocho integrantes del grupo Colina ingresaron a una quinta ubicada en Barrios Altos y ejecutaron a 15 personas.
8 Mayo, 2019

Por: Blanca Temoche

Las primeras sombras sobre violaciones a los derechos humanos se ciernen sobre el gobierno de Alberto Fujimori. Al promediar las 10:30 p.m. del domingo 3 de noviembre de 1991, entre seis y ocho integrantes del grupo paramilitar Colina ingresaron a la quinta ubicada en el jirón Huanta 838 – 840 en Barrios Altos y ejecutaron a 15 personas, entre ellas a un menor de edad y solo 4 sobrevivieron con graves heridas.

En el recinto se realizaba una pollada para recaudar fondos de uno de los inquilinos. En la tarde todo había transcurrido con tranquilidad, salvo el desmedido consumo de alcohol de algunos asistentes. Fue entonces que hicieron su aparición varios individuos que tenían porte de militar portando ametralladoras. Fueron amenazados y despotricaron contra ellos acusándolos de terroristas, luego fueron obligados a ponerse boca abajo sobre el piso y procedieron a disparar hacia la cabeza y espalda.

Cuentan que estaban convencidos que iban a morir porque se veía la clara intención del grupo de matarlos a todos. De investigaciones posteriores se conoció que fue el Grupo Colina que dio los “tiros de gracia” a cada una de las víctimas.

Los que sobrevivieron narraron que fueron acusados una y otra vez de terroristas, mientras más atrás, dos individuos encapuchados dirigían la matanza.

Entre los fallecidos se encontraba Javier Ríos Rojas, un niño de 8 años y su padre Manuel Isaías Ríos Pérez (33). Sobrevivieron al ataque Natividad Cóndorcahuana Chicana (35), Felipe León León (38), Tomás Livias Ortega (32) y Alfonso Rodas Alvitres (45).

Más de cien casquillos de bala fueron encontrados en el lugar durante la investigación policial. Además, se comprobó que los criminales usaron armas con silenciadores y por ello que nadie escuchó lo que sucedía en el recinto ubicado a un par de cuadras de la Comisaría San Andrés.

Proceso y sentencia

Tuvo que transcurrir doce años de la matanza de Barrios Altos, debido a las obstrucciones del gobierno de Alberto Fujimori, que no permitía el avance de las investigaciones, menos de la sanción a los autores intelectuales y materiales.

En el 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo, la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos de Lima presentó el dictamen final ante el 5º Juzgado Penal Especial de Anticorrupción determinó responsabilidad de criminalidad organizada para ejecutar homicidios calificados, lesiones graves y asociación para delinquir en 25 exoficiales y suboficiales del Ejército del Perú, conocidos por algunos como el ‘Destacamento Colina’.

Fueron incluidos en la acusación por autoría y participación intelectual del crimen, Vladimiro Montesinos, asesor de inteligencia de Fujimori; Nicolás Hermoza Ríos, expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Julio Salazar, exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia y Juan Nolberto Rivera, exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE).

El 7 de abril del 2009 se le impuso 25 años de prisión al expresidente Alberto Fujimori por el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de La Cantuta y de 15 personas, incluyendo a un niño de ocho años, en Barrios Altos.

La Cantuta

Para mayo de 1991, la Universidad Enrique Guzmán y Valle ‘La Cantuta’ fue ocupada por el Ejército peruano como parte de las acciones que tomó el gobierno contra la presencia del Partido Comunista del Perú y Sendero Luminoso en esa casa superior de estudios. Ahí se estableció una base militar para vigilar y reprimir cualquier acción proselitista de esa facción que realizaba atentados en todo el país.

Un 18 de julio de 1992, nueve estudiantes y un catedrático de La Cantuta desaparecieron, en circunstancias sospechosas que sugerían la participación de un grupo paramilitar vinculado al Servicio de Inteligencia Nacional.

Algunos restos de los estudiantes fueron hallados un año después, luego de que un agente de inteligencia filtrase información sobre la ubicación de una fosa clandestina a la prensa.

El 01 de abril de 1993 el congresista, Henry Pease, denunció que los desaparecidos habían sido ejecutados extrajudicialmente por un Equipo de Operación Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército, con la aprobación de mandos superiores del Ejército.

Era evidente que el régimen ya estaba manchado de sangre en estos hechos…

La Ley de Autoamnistía

“Concédase amnistía general al personal militar, policial o civil, cualquiera que fuere su situación militar o policial o funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los Fueros Común o Privativo Militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo”.

Asimismo, el Congreso (CCD) para evitar escenarios de contienda con el Poder Judicial ante el previsible ejercicio de independencia de algunos jueces o fiscales, legisló a través del artículo 6º de la Ley de Autoamnistía una expresa prohibición de investigar casos donde estaban comprometidos militares y policías y ordenó suspender y archivar cualquier investigación, en directa referencia al caso ‘Barrios Altos’.

La Guerra del Cenepa con Ecuador

El 29 de enero de 1995 suceden varios enfrentamientos en la frontera peruano-ecuatoriana, exactamente en la zona del río Cenepa en la Cordillera del Cóndor, un área sin marcar y de difícil acceso.

Pese al diálogo iniciado entre ambos países, con la participación de los garantes del Protocolo de Río no se dio el cese del fuego porque ambas fuerzas militares reclamaban el territorio.

Dos semanas después, los comandos del Ejército Peruano y unidades contrasubversivas se trasladaron al lugar y lanzaron una ofensiva. El ataque provocó la huida de los invasores. Fue el Perú que declaró el cese del fuego y Ecuador lo acató inmediatamente.

Pero, las intenciones ecuatorianas continuaron y días después se infiltró una patrulla provocando un nuevo enfrentamiento dejando muertos y heridos en la zona de Maizal al norte de Tiwinza.

Fueron un total de 77 combatientes peruanos quienes entregaron su vida en el Cenepa.  Y pusieron fin al conflicto bélico.