Exministro Aguinaga se pronunció sobre la denuncia contra el Estado por el caso de las esterilizaciones forzadas

Extitular de Salud manifestó que se tratan de maniobras para hacer perdurar el polémico caso.
28 Septiembre, 2020
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En diálogo con el programa “Hablemos Claro” de Exitosa, el exministro de Salud, Alejandro Aguinaga, se refirió a la reciente denuncia interpuesta contra el Estado peruano ante el Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por el caso de las esterilizaciones forzosas, calificando la querella como “una maniobra” para seguir dilatando el tema.



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La denuncia interpuesta por Justicia y Reparación en conjunto con la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF) ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece que, en el marco de la ejecución del programa Salud Reproductiva y Planificación Familiar de 1996 y 2001, se vulneraron los derechos de las mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas.


Por esa razón, el extitular de Salud, durante el gobierno de Alberto Fujimori, expresó que el programa de salud reproductiva y planificación familiar en el Perú de aquella época obedeció a “situaciones catastróficas” que se vivían.

“En aquellos años en el Perú una madre de familia se moría por causas absolutamente prevenibles. Casi 1 de 4 mujeres que se morían era por complicaciones de aborto provocado, producto de un embarazo no deseado por no tener una adecuada planificación familiar”, reiteró.

En esa línea, Aguinaga señaló que la Defensoría del Pueblo estudió las más de 700 quejas sobre los casos de esterilizaciones, y se logró determinar que hay 61 personas que “no tenían consentimiento informado y podrían caer en esta situación”.

“Son solo 61 personas, entonces no entiendo por qué hablan de 300 mil casos forzados. Estas son maniobras [las denuncias] para hacer perdurar el caso en el tiempo”, manifestó.

Asimismo, desmintió rotundamente que las personas a cargo de realizar estas intervenciones recibían incentivos económicos por cada procedimiento.

“Han sacado muchas versiones sobre este tema [esterilizaciones], todas las denuncias al respecto se tienen que demostrar. […] El Estado peruano en el caso de Mamerita Mestanza reconoció su culpa y se realizaron las respectivas coordinaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ahora vemos que insisten en lo mismo para prolongar el caso en el tiempo”, finalizó.

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