“Estos hechos irregulares en la Sunedu deben ser investigados por la Fiscalía”

Exprocuradora Katherine Ampuero señaló que de encontrar responsables en esta escandalosa entrega de licencias a la UTP y UPAL, se debe sancionar de acuerdo a ley.
20 Junio, 2020
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Katherine Ampuero, la exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato en Perú, conversó con diario Exitosa sobre la posible investigación del Congreso de la República, a través de la Comisión de Educación, a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) por presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento de la Universidad tecnológica del Perú (UTP) y la Universiada Privada Peruano Alemana (UPAL).



–El Parlamento acordó pedir facultades para investigar, ¿qué puede pasar?

Algunos actores políticos buscan las fallas que ha tenido la Sunedu para desaparecerla y traerse abajo la reforma en educación, y lo hacen porque tienen intereses económicos en la educación, en su mayoría vinculados a universidades.


Sin embargo, tampoco podemos dejar de investigar aquellas licencias que habrían sido entregadas de manera cuestionada.

–Está el caso de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y su filial de Ica.

No solamente a la UTP, sino a la Universidad Privada Peruana Alemana (UPAL), que salió en tiempo récord, cuando fue un tipo de universidad fantasma.

La Sunedu tiene un objetivo y debe continuar vigente para lograr esta reforma que tanto necesitamos, pero eso no significa que debamos de dejar de investigar estas irregularidades.

–Y más ahora que se habla de Intercorp y el exministro Fernando Zavala.

Estos hechos irregulares deben ser investigados por la Fiscalía, que puede iniciar una investigación de oficio; igualmente la Contraloría. Y de encontrar responsabilidad, se tiene que sancionar a quienes corresponde porque no es posible aplicar la ley para los demás, pero cuando se trata para mis amiguitos entonces no la aplico.

–Ambas cosas van por cuerdas separadas. 

No podemos decir: “son enemigos políticos que buscan  raerse abajo la Sunedu”; lo cual seguramente sea cierto, no lo dudo, especialmente aquellos congresistas vinculados a universidades que no han sido licenciadas.

Y eso es sumamente cuestionable. Estos congresistas no deberían formar parte de ninguna comisión investigadora.

–Pasando a otro tema, tenemos las 264 denuncias recibidas por presuntos actos de corrupción durante la cuarentena. 

La emergencia habilita a que los funcionarios públicos puedan contratar bienes y servicios sin seguir un concurso público, sin licitaciones; las adjudicaciones son directas por la necesidad de adquirir bienes de manera inmediata para afrontar la pandemia.

Lamentablemente, aprovechan esto para apropiarse del dinero del Estado y beneficiar a sus amigos, familiares o a las grandes empresas a cambio de coimas.
–Ni en la emergencia cesa la corrupción

Es preciso decir que cuando se dan las adquisiciones no solo estamos hablando de compras dirigidas a determinado proveedor a cambio de dinero, sino también de instrumentos o bienes que están sobrevalorados; aunado a que muchos de esos bienes ni siquiera sirven.

Tenemos casos como el alcohol el gel o las mascarillas.

–Y esto perjudica al personal de salud que no recibe equipos de protección adecuados. Justo nos llegó un caso así de Loreto.

Estas personas que tienen que atender a los pacientes, velar por las vidas los peruanos, a ellos los mandamos totalmente desprotegidos, exponiendo sus vidas.

Mientras que estas autoridades delincuentes, porque ya no se les puede llamar irresponsables, solo piensan en lucrar y no les interesa en lo más mínimo la salud y la vida de las personas.

–¿Qué penas podrían recibir estos malos funcionarios públicos?

Básicamente estarían incurriendo en delitos de colusión, peculado y cohecho. Estamos hablando de una pena privativa de la libertad mínima de 15 años y una máxima de 35 años, porque en el país las penas se acumulan.