Espinosa-Saldaña pide celeridad al Congreso al responder demanda contra ley de cuestión de confianza

El magistrado del TC recordó que el Parlamento tiene 30 días hábiles para responder la demanda de inconstitucionalidad contra la norma.
27 Octubre, 2021
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El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, pidió este miércoles al Congreso de la República responder lo antes posible a la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que interpreta la figura de la cuestión de confianza, interpuesta por el Poder Ejecutivo, para resolver el caso en menor tiempo. 


[Cuánto puede demorar la decisión del TC?] Depende de cuánto demore el Congreso en contestar. Nosotros mañana mismo lo vamos a sacar y, apenas llegue el caso, vamos a programar la audiencia. El máximo de tiempo que puede tomar juega mucho con lo que demore el Congreso en resolver”, dijo en entrevista para Exitosa.

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El tribuno, que será ponente para revisar la acción de inconstitucionalidad contra la norma, recordó que el Poder Legislativo tiene un plazo de 30 días hábiles para responder a la demanda, tiempo que empezará a correr desde mañana jueves 28 de octubre.

Son 30 días hábiles, es decir, como 40 hasta 45 días. Si el Congreso se toma todo ese tiempo, nosotros no podemos hacer nada. Aquí hay una invocación al Congreso para que, en este caso, siendo un tema de mayor importancia, que hagan su mejor esfuerzo para responder en el menor tiempo posible”, sostuvo.

En otro momento, el miembro del TC indicó que para que dicha demanda le dé la razón al Ejecutivo se necesitan 5 votos del total de 6 magistrados. Asimismo, mencionó que si la votación es menor, el Congreso ganaría la demanda. “La ley es tajante en ese sentido“, añadió.

Presentan acción de inconstitucionalidad

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo, a través del procurador público Luis Alberto Huerta, interpuso el pasado 22 de octubre ante el TC la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que regula la cuestión de confianza, aprobada por insistencia en el Congreso.

Este nuevo dictamen establece que el Ejecutivo ya no podrá usar la cuestión de confianza para la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso o de otros organismos autónomos.

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