Ejecutivo presentó ante el TC demanda contra ley sobre negociación colectiva en el sector público

En la demanda se informa que el costo que traería consigo la aplicación de la mencionada ley, según cálculos oficiales, ascendería a 6 228 millones de soles,
3 Junio, 2021
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Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, en representación del Poder Ejecutivo, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 31188, que regula la negociación colectiva en el sector estatal.


Como se recuerda, el último 2 de mayo del presente año, se publicó, por insistencia del Congreso de la República, la ley sobre negociación colectiva en el sector público, a pesar de haber sido observada por el Poder Ejecutivo en diciembre del 2018.

Al respecto, este 3 de junio, la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional presentó ante el TC una demanda de inconstitucionalidad, la cual afirma que la referida ley es contraria a la Constitución Política del Perú porque vulnera las competencias del Poder Ejecutivo en materia de administración de la Hacienda Pública y el principio de equilibrio presupuestal.


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“La Ley N° 31188 fue emitida al margen de la coordinación que debe existir entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo para expedir reglas sobre la negociación colectiva en el sector público, las cuales deben respetar los principios en materia presupuestaria reconocidos en la Constitución y desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, sostuvo el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero.

Asimismo, en la demanda se informa que el costo que traería consigo la aplicación de la mencionada ley, según cálculos oficiales, ascendería a 6 228 millones de soles, dado que no se establecen medidas que permitan armonizar el presupuesto público con las propuestas de modificaciones a las remuneraciones de los trabajadores estatales.

El procurador Huerta señaló que espera que el TC se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda y, posteriormente, la remita al Congreso de la República para que proceda a contestarla.

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