Detectan irregularidades en colapso de tuberías con perjuicio millonario en SJL

Contraloría halla presunta responsabilidad penal en funcionarios de la AATE y Sedapal. Los trabajos por más de 71 millones de soles estuvieron a cargo de Odebrecht y GyM.
16 Diciembre, 2020
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La Contraloría remitió un informe de auditoría a la Procuraduría Pública para iniciar acciones penales en contra de siete funcionarios de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) y del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), por presuntas irregularidades detectadas en la gestión de trabajos de reubicación de redes primarias de alcantarillado, en San Juan de Lurigancho.



Esto es correspondientes a la interferencia con la Línea 1 Tramo 2 del Metro de Lima, que ocasionaron en enero de 2019 el colapso de las tuberías en el tramo Pirámide del Sol.

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Según el Informe de Auditoría N° 9498-2020-CG/VICOS- AC, la actuación de los funcionarios ha causado a la fecha perjuicios económicos por US$ 2’677,368.48 por el tramo Pirámide del Sol, y S/ 16’827,563.34 por los tramos Bayóvar – Santa Rosa y Caja de Agua.

Sin embargo, estos montos se incrementarían por encontrarse aún en ejecución los trabajos para la reposición integral de las tuberías de alcantarillado reubicadas en estas zonas del distrito.

El Dato: La auditoría determinó además que funcionarios del Sedapal y uno de la AATE suscribieron un ‘Acta de Transferencia y Conformidad de Obras Ejecutadas’, donde establecieron que los trabajos de reubicación se entregaron a Sedapal en perfecto estado de funcionamiento.

  Fue sin marco legal

La Contraloría precisa que dos funcionarios de la AATE habrían favorecido al Contratista Consorcio Tren Eléctrico, conformado por Odebrecht S.A. y GyM S.A, al permitirle que contrate directamente a una tercera empresa (IVC Contratistas Generales SRL).

Es más, esa contratación se hizo sin contar con marco legal y cuya propuesta económica aprobó se “extemporánea e indebidamente”, para que ejecute los trabajos de reubicación de interferencias con las redes primarias de agua potable y alcantarillado.

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Se detectó que los funcionarios de la AATE dispusieron el pago al consorcio por los citados trabajos, por el monto de S/ 71’626,583.72, sin exigir el sustento técnico ni administrativo.

  Tampoco hubo supervisión

Tampoco se gestionó la contratación de la supervisión, conforme exigía la normativa de contrataciones y de presupuesto. Ello ocasionó la ausencia total de controles técnicos, indispensables dada la magnitud de la obra, especialmente en las redes primarias de alcantarillado, cuya ejecución no se ciñó al expediente técnico aprobado cuatro meses después de iniciados los trabajos.