Demandan a gobierno de EE.UU. por retener a niños migrantes

Fiscales generales estadounidenses salen en defensa de los derechos humanos de los menores detenidos por autoridades de migración.
11 Julio, 2019
https://exitosanoticias.pe/v1/wp-content/uploads/2019/07/niños-cao.jpg

Los Ángeles (EE.UU.), 10 jul (EFE).- Una coalición de fiscales generales de varios estados de Estados Unidos salió este miércoles en defensa de los derechos humanos de los menores retenidos por las autoridades de inmigración en centros de detención.

Los procuradores, liderados por el fiscal general de California, Xavier Becerra, firmaron un documento de apoyo legal (“amicus brief”) a la demanda en contra del Gobierno del presidente Donald Trump para que cumpla el Acuerdo Flores.

Bajo este acuerdo judicial, que data de 1997 y es producto de un litigio emprendido por dos organizaciones humanitarias, las autoridades no pueden retener a menores de edad inmigrantes por más de 20 días y además deben estar detenidos en las condiciones “menos restrictivas” posibles.

“Todos los niños merecen ser tratados con cuidado y compasión, dignidad y respeto”, dijo Becerra en un comunicado.

“Sin embargo, con cada día que pasa, la Administración Trump roba a los niños, bebés e incluso a las madres embarazadas el acceso a los derechos humanos básicos”, añadió el fiscal.

Denuncias de asaltos sexuales

Las declaraciones del fiscal se dan en medio de denuncias de asaltos sexuales por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) a menores emigrantes detenidos en Arizona, según un reporte de la cadena televisiva NBC.

El reporte periodístico cita el testimonio de una hondureña de 15 años, a la que, supuestamente, un “oficial grande y barbudo” le habría tocado sus partes íntimas durante una requisa, en un hecho que habría ocurrido frente a otros inmigrantes y oficiales.

En febrero de este año, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) logró un acuerdo monetario tras la demanda de una inmigrante guatemalteca que supuestamente fue agredida sexualmente por un agente de la Patrulla Fronteriza (CBP) en 2016.

El Gobierno federal acordó pagar a 125,000 dólares para que la joven abandonara el caso.