COVID-19 en Bolivia: fabrican hornos crematorios portátiles, ante el colapso de las funerarias

Empresarios bolivianos fabricaron hornos crematorios portátiles, ante el aumento de fallecidos y colapso del sistema funerario del país.
8 Agosto, 2020
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La situación que atraviesa el vecino país de Bolivia es crítica a causa del nuevo coronavirus. Las cifras de contagios y fallecimientos a casa del virus se han disparado, al punto de no solo hacer colapsar el sistema sanitario del país, sino que también el aparato funerario también. Incluso, los cuerpos en las calles han dejado de ser imágenes nuevas.

Debido a esta cruda realidad, recientemente empresarios bolivianos se han visto en la necesidad de fabricar hornos crematorios en La Paz, región en donde los casos y las muertes han sufrido aumento considerable en las últimas semanas.

Es un equipo autosuficiente, el horno trabaja con una garrafa doméstica, tiene su propio generador del tiempo de cremación. La cremación tarda entre 50 y 70 minutos, depende el tamaño y el peso del cuerpo (…). El costo del horno es de 27.500 dólares”, declaró el ingeniero Aldo Miserocchi al medio local Página Siete.

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Además, se precisó estos hornos portátiles podrían cremar hasta 12 cuerpos diarios, dependiendo del peso y del tamaño de la persona. Cuando concluye el proceso de cremación, las cenizas se vierten en una especie de molino, que es retirado al final del procedimiento.

Parlamento de Bolivia aprobó uso del dióxido de cloro, pese a estar prohibido por el Gobierno

El Parlamento de Bolivia aprobó este miércoles una ley que apoya el dióxido de cloro como tratamiento para la COVID-19, pese a que el Gobierno interino del país condena penalmente su uso por los riesgos que conlleva para la salud.

Una ley que regula el uso de forma excepcional de este producto para enfermos del nuevo coronavirus terminó su tramitación parlamentaria y fue remitida al Ejecutivo transitorio para su promulgación.

La Asamblea Legislativa de Bolivia tiene mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, que mantiene un pulso con el Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, quien se ha negado a promulgar varias leyes y ha sido quien ejerce como presidenta del Parlamento, Eva Copa, del partido mayoritario, quien las ha sancionado.