Caso ‘Vacunagate’ | Minsa y Cancillería favorecieron al laboratorio Sinopharm, según informe de Comisión Investigadora

El informe final será presentado este jueves 8 de abril en el Pleno del Congreso.
7 Abril, 2021
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La Comisión Investigadora del Congreso informó que el Ministerio de Salud (Minsa) y la Cancillería estuvieron a cargo de la adquisición de las dosis de vacunas contra la Covid-19 de Sinopharm, que fueron aplicadas de manera irregular a algunos funcionarios públicos como el expresidente Martín Vizcarra, las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete.


Según el informe final que será presentado este jueves 8 de abril en el Pleno del Congreso concluye que el laboratorio farmacéutico chino Sinopharm fue favorecido por las autoridades de dichas entidades públicas y que, de esta manera, tuvieron las dosis para la inmunización de los funcionarios.

“Se ha determinado una estrategia de favorecimiento al laboratorio Sinopharm, dirigido desde el Ministerio de Salud, con la colaboración de algunos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante diferentes eventos que no tuvieron equivalencia para otros cinco ensayos clínicos fase 3 que se están llevando a cabo en nuestro país; negativa en sí misma, en algunos casos implicó el empleo de recursos públicos”, se lee en el documento, según La República.


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Se llega a esta conclusión luego de conocer que el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó un protocolo de ensayo clínico irregular que “contenía una cláusula de negociación comercial futura con el laboratorio de Sinopharm”. En esa línea, se revela que la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) emitió el documento de consentimiento cuando los fármacos ya iban a llegar a Perú.

Además, en el informe se asegura que el exmandatario Martín Vizcarra “nunca tuvo la condición de voluntario” y que fue el primero en recibir la vacuna contra el coronavirus junto a las dos funcionarias públicas.

Por último, se señala “la existencia de responsabilidades de los servidores públicos por la comisión de ilícitos penales e infracciones constitucionales”.

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