Arequipa: Detectan en GRA perjuicio de S/ 142 mil por compra de patrulleros

Contraloría reveló que la entidad no cobró penalidad por retrasos en la entrega de documentación de unidades donadas a nueve comisarías.
2 Diciembre, 2021
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El Órgano Regional de Control Institucional (ORCI) reveló que la gestión del detenido gobernador Elmer Cáceres Llica cometió irregularidades en el proceso de compra de nueve patrulleros en el 2020 que fueron donados a la Policía, lo cual terminó generando un perjuicio económico de S/ 142 mil 560 al Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

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A través del informe de control específico 029 – 2021, el ente reportó que en julio del 2020, el GRA suscribió un contrato con el Consorcio Virgen de Chapi para la compra de 9 camionetas para igual número de comisarías de la ciudad por un monto de un millón 439 mil soles, a fin de reforzar la seguridad ciudadana.

Según el contrato, el consorcio debía entregar las unidades en un plazo de 30 días y la documentación de las mismas, es decir las tarjetas de propiedad, placas de rodaje y Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) en un plazo de 45 días.

No obstante, según el informe del ORCI, la contratista solo cumplió con el plazo de la entrega de las unidades vehiculares, pero respecto a la entrega de la documentación se presentaron reiteradas ampliaciones de plazo generando un retraso de hasta 64 días calendario.

Aunque el contrato señalaba que se debía cumplir con todo el servicio para realizar el pago total, la entidad generó la cancelación de todo el monto, aun cuando faltaba la documentación.

 Perjuicio

El ORCI advirtió que los pedidos de ampliación del plazo para la entrega de la documentación no estaban sustentados y aún así no fueron rechazados por los funcionarios encargados del proceso, lo cual impidió cobrar una penalidad de S/ 142 mil 560 por el retraso injustificado.

Asimismo, este retraso ocasionó que los patrulleros estuvieran almacenados e inutilizables, sin cumplir la finalidad para la cual habían sido adquiridos.

En tal sentido, ORCI recomendó al procurador público de la Contraloría iniciar acciones civiles contra los funcionarios Eddy Cayo Álvarez (Jefe de la Oficina de Logística y Patrimonio), Miguel Velásquez Condori (Jefe de la Oficina de Administración), Augusto Palaco Toro (Exjefe de Asesoría Jurídica), Víctor Torres Cachata (Exjefe de Oficina de Tesorería), Manuel Torres Montoro (Residente de obra) e Isela Bonifacio Calcina (Inspectora de obra).

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