APP plantea que condenados por terrorismo, corrupción y violación no sean designados en altos cargos

Con la propuesta "se garantiza una verdadera representación de la sociedad por sus funcionarios, así como aquellos que pretendan en un futuro aspirar a estos cargos".
14 Septiembre, 2021
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La bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley (PL) que prohíbe a los condenados por delitos de terrorismo, corrupción de funcionarios, violación, tráfico de drogas y organización criminal ser designados como altos funcionarios.


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La iniciativa legislativa 184/2021-CR, presentada por la parlamentaria Magaly Ruiz Rodríguez, propone modificar la Ley 27594 respecto a la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos.


Por ello, se consideraría agregar el numeral 13 al artículo 1 de la Ley N° 27594, cuya disposición quedaría de la siguiente manera:

“13) Los nombramientos y designaciones referidos en este artículo, no podrán ser ordenados a favor de quienes hayan sido condenados a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, violación de la libertad sexual u organización criminal. La rehabilitación, la amnistía o el indulto, no los habilita para ser nombrados o designados. De la misma, para el nombramiento o designación del alto funcionario, el Presidente de la República deberá observar los artículos 6º y 7º de la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública”.

Con la propuesta “se garantiza una verdadera representación de la sociedad por sus funcionarios, así como aquellos en (sic) pretendan en un futuro aspirar a estos cargos, tendrán que llevar una conducta alejada de todo hecho que pueda involucrarlos en tales delitos”.

No obstante, aseguran que el límite a los nombramientos “no es absoluto” ya que si bien aquellas personas que estén implicadas en dichas causales no pueden acceder a un alto cargo público, sí lo puede hacer a otro de menor jerarquía conforme a ley.

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Por último, dicha medida evitará “posibles conflictos entre la población y la opinión pública” contra las decisiones del presidente de la República. Esto, ya que reducen los motivos para cuestionar a las personas que ocupen aquellos altos cargos.

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