Aníbal Torres sobre presunto audio entre Villaverde y Pacheco: “No es prueba para abrirle un proceso al presidente”

El primer ministro, Aníbal Torres, indicó que algunas autoridades "no dejan trabajar" al Gobierno del presidente Castillo y promueven la vacancia presidencial.
31 Mayo, 2022
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El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se manifestó acerca del presunto audio entre el empresario Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva, y el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. En ese sentido, el primer ministro consideró que la revelación del audio no es una prueba para abrir una investigación preliminar en contra del jefe de Estado, Pedro Castillo.

“Se habla de las conversaciones existentes entre dos o tres personas que no son el presidente. Una le dice que hay una cantidad o algo así por el estilo para el presidente. Eso es un absurdo porque si yo le digo al señor: ‘Mire, deme 100.000 soles, es para entregar a la señorita tal’. No vamos a creer que eso es una prueba para abrirle un proceso judicial. O que si lo conocía a tal persona y conversó con tal persona. ¿Con cuántas personas nos hemos fotografiado esta mañana y de dónde conocemos cuáles son los antecedentes de esas personas?”, declaró el primer ministro ante la prensa.

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Asimismo, señaló que esta situación que afronta el presidente de la República, Castillo Terrones, “no deja trabajar” a las autoridades del Gobierno. Sin embargo, consideró que respeta las acusaciones constitucionales y decisiones de los poderes del Estado.

“Lamentablemente, un sector del Congreso no deja trabajar al Ejecutivo y están ahí con esto de la vacancia presidencial, exigiendo la renuncia del presidente o con acusaciones constitucionales, pero sin ninguna prueba. Las pruebas son las que aparecen en los medios de comunicación, pruebas contradictorias. Indicios a lo más podría ser”, sostuvo.

En otro momento, consideró que el mandatario podría solicitar la anulación de la disposición fiscal de ampliar la investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. “El presidente tiene derecho a hacer uso de los recursos que le faculta el Estado”, sostuvo.

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