Amnistía Internacional rechaza archivo de denuncia constitucional contra Manuel Merino

Amnistía Internacional señaló que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá de "valorar las pruebas que permiten dilucidar la verdad de lo que pasó".
24 Junio, 2022
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Este viernes, la organización Amnistía Internacional se manifestó en contra de la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de aprobar el informe del legislador Alejandro Cavero que recomienda archivar la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino y exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, señaló que dicha decisión no permitirá a las autoridades del Ministerio Público continuar con la investigación en contra de los ex altos funcionaros por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, además por las personas que resultaron heridas durante las manifestaciones en contra del Gobierno de Merino de Lama.

“Rechazamos el archivamiento de la denuncia contra Merino de Lama, Flores-Aráoz, y Rodríguez Limo, impidiendo que se continúe investigando a quienes tenían la obligación de proteger la vida e integridad de quienes ejercían pacíficamente su derecho a la protesta el 14 de noviembre del 2020”, publicó Amnistía Internacional.

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Asimismo, señaló que han indagado acerca de las “violaciones a los derechos humanos” que se cometieron en las protestas llevadas a cabo en noviembre de 2020. En ese sentido, indicó que los efectivos policiales “hicieron uso de la fuerza de manera ilegal y contraria a los estándares internacionales”, además realizaron “disparos de municiones y gas lacrimógeno contra los manifestantes pacíficos”.

“Esta decisión detiene por completo el proceso penal en una etapa muy inicial del mismo, y resulta en una afectación directa al derecho a la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas y familiares”, añadió.


Por último, pidió a la SAC del Congreso considerar su pronunciamiento al revisar el recurso de reconsideración presentado por el parlamentario Edgard Reymundo y que “valoren las pruebas que permiten dilucidar de la mejor manera la verdad de lo que pasó y establecer responsabilidades”.

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