OPINIÓN | Mario Amoretti Pachas: ante incremento de la delincuencia, apliquen la ley

Lo real y concreto es que en nuestro país existe una inflación legislativa en el ámbito penal; pero verificamos que en muchos casos, las leyes no se aplican por parte de los operadores en la administración de justicia -policías, fiscales y jueces- lo que origina una creciente desconfianza en la ciudadanía y, lo más grave, impunidad en los delincuentes, tanto en los casos de corrupción, homicidios violentos, robos agravados, etc. en los que los sindicados como autores o partícipes, salen en libertad para seguir delinquiendo.

Es lo que viene sucediendo en los últimos días, solamente se investigan y se pide prisión preventiva para algunos investigados en casos de corrupción, sin tener en cuenta que todos somos iguales ante la ley; asimismo, la Policía detiene a personas a quienes se les imputa hechos delictivos graves, en algunos a casos al ser puestos a disposición de la Fiscalía, se ordena su inmediata libertad, sin una correcta fundamentación que justifique dicha medida, originando desconcierto y malestar en la Policía, máxime cuando algunos de sus miembros están privados de su libertad, pese a que existe la posibilidad de una legítima defensa.

Comprobamos con indignación, las tomas de carretera, las incursiones en “centros mineros ilegales”, lugares donde se constata la existencia de explotación sexual y laboral de niño (a)s, la actuación de las “llamadas barras bravas”, pudiéndose de acuerdo al Código Penal, imponer una pena de hasta 30 años, por ejemplo a los que incurren en homicidios simples o robos agravados, se le suma el 50% del máximo de la pena, lo que serviría como ejemplo que para las personas para que no incurran en la comisión de estos delitos.

En lo referente a la interrupción de las vías de comunicación o toma de carreteras, la pena máxima es 6 años; al igual que en los casos anteriores, deben ser investigados y sancionados, no solamente los autores materiales sino los mediatos, esto es, los dirigentes a quienes les corresponde la misma pena. Pues los derechos de ellos, en lo referente a sus peticiones, terminan donde empiezan los derechos de terceros e inclusive pueden ser sancionados por exposición a peligro, daños, etc. La Policía, Fiscalía y jueces deben aplicar la ley. Porque, justamente, los delincuentes al verificar que no les pasa nada, no solamente se ha perdido el principio de autoridad, imperando la impunidad, sino lo que es más grave, se incrementa la inseguridad en nuestro país.