Opinión I Carlos Jaico: Con árbitros así, nunca ganaremos un mundial
El mundo del arbitraje es extremadamente cerrado y tan lucrativo que los honorarios se cifran en millones. Y es que esta justicia privada es de lujo y, por tanto, inmerecidamente costosa. Allí todos son amigos, tan amigos que en muchos casos pierden toda independencia e imparcialidad. Muchos de ellos han alternado sus labores tanto en el sector público como en el privado. Esto hace que conozcan al revés y al derecho las fallas del sistema, creando las “puertas giratorias” para sacarle provecho al Estado, eterno perdedor en estas triquiñuelas. Todos comentaban esta corrupción sistémica, hasta que fue delatada por Odebrecht.
Obedeciendo a su acuerdo de colaboración eficaz, esta empresa aceptó haber pagado sobornos a un grupo de árbitros para que estos los favorecieran en sus laudos. Estos pagos adicionales al honorario pactado, se habrían hecho en los 26 procesos de arbitraje con el Estado peruano. Pero, ¿es ético y lícito pagar “bonos de éxito” en el arbitraje?
En primer lugar, una convención de honorarios no autoriza un pago suplementario. Por tanto, el pago se limita a lo acordado quedando el bono de éxito excluido por ser una incitación a torcer la voluntad del árbitro, en favor de la empresa privada. Imagínese lo raro que sería si un árbitro de fútbol cobraría un bono de éxito porque ganó un equipo y no el otro. Así, cobrar este bono no es solo una falta ética, configuraría también un delito.
En segundo lugar, la labor del árbitro es únicamente de medios nunca de resultados. Así, él debe ser lo más objetivo e imparcial en su decisión y no puede garantizar un resultado a ninguna de las partes. De donde, no existe razón para premiarlo por lo que es una regla de conducta, ni menos por el éxito de una de las partes.
En tercer lugar, la repetida designación de un árbitro por la empresa ha debido ser remarcada por el Estado, debido a que es susceptible de acarrear parcialidad y falta de independencia en su labor. Por su parte, el árbitro ha debido informar al Estado sobre esta situación para que este ejerza su derecho a recusarlo. Esto al parecer no se hizo.
En suma, la corrupción disfrazada de “bonos de éxito” solo ha venido a confirmar que el arbitraje, como medio alternativo de resolución de conflictos entre el Estado y los privados, ha fracasado en el Perú. Una razón más para repensar el Título III, del régimen económico, de nuestra Constitución.