06/02/2020 / Exitosa Noticias / Uncategorized / Actualizado al 09/01/2023
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, dio a conocer esta mañana, durante su visita de trabajo a la región La Libertad, que ya se puso en marcha un plan de trabajo multisectorial que permitirá el traslado de una gran cantidad de presos extranjeros a sus países de origen. Ello, como medida alternativa para reducir tugurización de los centros penitenciarios.
“Hemos tenido una primera reunión con cónsules de diferentes partes del mundo para planificar una estrategia conjunta ese sentido. También con la Fiscal de la Nación. La próxima semana nos reuniremos con el equipo del INPE, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio Público para coordinar”, indicó la ministra.
Ello, como parte del recientemente aprobado Decreto de Urgencia 018-2020, que optimiza los criterios y requisitos para que los internos extranjeros puedan cumplir sus penas en sus países, exonerándolos del pago de reparación civil al Estado peruano.
La ministra indicó, además, que estas personas -que generalmente son privadas de su libertad por delitos relacionados al tráfico de drogas bajo la modalidad de “burrier”- tendrán mayores posibilidades de resocialización al estar en su país de origen.
La titular de Justicia inició hoy una visita a la región La Libertad, donde se reunió con el vicegobernador, Ever Cadenillas, e inspeccionó el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo.
En la reunión con el vicegobernador, dio a conocer la importancia de apoyar a la reinserción, tanto de jóvenes infractores como de reos que purgan condena en los centros penitenciarios. Para ello, pidió que se tomen en cuenta programas que permitan cumplir trabajos comunitarios, a cambio de la pena. “Tenemos que utilizar esta figura de penas alternativas a la prisión efectiva cuando se trate de delitos menores”, apuntó.
Caso Odebrecht
Desde La Libertad, la ministra también se manifestó sobre la demanda al Estado Peruano realizada por la empresa Odebrecht. “?El Perú tiene argumentos sólidos y se defenderá enérgicamente frente a esta demanda. Reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción”, dijo.
Agregó que, en lo que respecta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el caso se encuentra en el ámbito de la Procuraduría, que, en coordinación con el Ministerio Público, tendrá que ejercer las acciones legales que correspondan. “Existen elementos jurídicos suficientes para defendernos como estado, y los activaremos en la medida que se requiera”, subrayó.
