07/11/2018 / Exitosa Noticias / Uncategorized / Actualizado al 09/01/2023
Los congresistas de la República Justiniano Apaza y Horacio Zeballos cuestionaron a la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, por sus recientes declaraciones respecto a la adenda 13 solicitada para el contrato del proyecto Majes Siguas II.
La autoridad regional señaló en la víspera que de no aprobarse la referida adenda se corre el riesgo de que la empresa Angostura Siguas S.A., concesionaria del proyecto, pueda entablar un proceso de arbitraje contra el gobierno regional.
Los parlamentarios de izquierda coincidieron en rechazar las expresiones de la gobernadora por considerarla un chantaje para aceptar el denominado cambio tecnológico (ductos por canales) en el proyecto.
Justiniano Apaza Ordóñez, del Frente Amplio, fue el que criticó más a Osorio Delgado, al punto de tildarla como vocera de la empresa española Cobra, que está a cargo de Majes Siguas II.
"Nos sorprende las declaraciones de la gobernadora que, en realidad, repite los argumentos del grupo español Cobra, se ha convertido en la vocera de esta empresa", indicó.
El legislador explicó que la propuesta de modificación del expediente técnico por cambio tecnológico, no tendría sustento técnico y por ello fue observado por la Supervisión Especializada.
"La justificación solo se refiere a aspectos generales como la escasez de agua por cambio climático y necesidad de ahorro de agua", afirmó Apaza Ordóñez.
En tal sentido, recomendó a la gobernadora dejar este asunto en manos de la próxima administración del gobierno regional de Arequipa. "Le sugiero a la gobernadora que en los últimos días de su gestión se dedique a preparar la transferencia ordenada".
A su turno, el parlamentario Zeballos Patrón, de Nuevo Perú, sugirió que los riesgos expuestos por Osorio Delgado son un condicionamiento de la concesionaria para obligar al Estado a firmar la nueva adenda e incrementar en $ 110 millones el costo actual del proyecto, valorizado en $ 550 millones inicialmente.
"La gobernadora hace mal en repetir el chantaje de la empresa, cuando en realidad debería preguntarse si la concesionaria cuenta o no con el respaldo económico para garantizar su participación en el proyecto. Eso deberían aclarar", precisó.
