Política

Vacunagate: Subcomisión aprobó denuncias constitucionales contra Martín Vizcarra

Subcomisión de Acusaciones del Congreso aprobó el informe final de denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso Vacunagate.
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12-07-2021

Atención. Este lunes, la Subcomisión de Acusaciones del Congreso aprobó el informe final de dos denuncias constitucionales contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso Vacunagate donde se inmunizaron funcionarios con la dosis de Sinopharm contra la covid-19.

De esta manera se aprobó las denuncias constitucionales acumuladas N°422 y N°424 contra el expresidente Vizcarra con la votación que obtuvo 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

“Habiendo sido aprobado el informe final de las denuncias constitucionales 422 y 424, este será remitido a la Comisión Permanente conforme al [...] Reglamento del Congreso de la República”, indicó la vicepresidenta del grupo de trabajo, Tania Rodas, quien dirigió la sesión.

Se debe indicar que el documento fue sustentado por el congresista de Fuerza Popular, Carlos Mesía, y concluye que tanto el exmandatario, así como al doctor Germán Málaga, exinvestigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 de Sinopharm, y la exministra de Salud Pilar Mazzetti son “coautores” de los presuntos delitos de organización criminal, concusión, colusión agravada, cohecho pasivo propio, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

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En consecuencia, el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales será remitido a la Comisión Permanente, conforme al procedimiento establecido en el reglamento del Congreso de la República.

De ser aprobada en dicha instancia, la acusación sería sometida a debate y votación del pleno de la representación nacional.

Por otro lado, la acusación constitucional 422, presentada por la congresista María Teresa Cabrera, atribuye al expresidente el presunto delito de colusión agravada, dado que en su condición de jefe de Estado formaba parte de la negociación para la adquisición de las vacunas, en representación del Estado peruano.

Se le imputa el presunto delito de negociación incompatible, tráfico de influencias, malversación, tráfico de influencias y cohecho pasivo, dado que, aprovechando su alta investidura, solicitó ser beneficiado con la aplicación de la vacuna en clara violación a sus obligaciones.

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