15/11/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
La expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), Mónica Yaya, aseguró que con esta denuncia hecha por diario Exitosa sobre que se habría favorecido al grupo RPP en el reparto de publicidad estatal para la difusión de las actividades de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minas (Osinerming), los funcionarios responsables de estas instituciones podrían ser investigados “por negociación incompatible” en perjuicio del Estado.
"Sino está expuesta la justificación técnica de esta distribución, yo me atrevo a decir que aquí hay indicios de una negociación incompatible que implica el interesarse en contratar específicamente con alguien en perjuicio del Estado", señaló la exfuncionaria.
Para ello, señaló que “por algo la opinión 215 - 2017 de OSCE dice que para determinar a quienes se entrega publicidad estatal se debe hacer un plan de publicidad estatal que debe responder a criterios objetivos. Por ejemplo, se pudo tomar en cuenta el share de CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública), donde se hace un análisis de cobertura de medios de comunicación y audiencia por persona”, manifestó Yaya en el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar.
El 91%
En ese sentido, cuestionó que 91% de la publicidad asignada para la difusión de actividades de Sunnas (S/ 969,488.00) se haya dirigido al Grupo RPP y el 9% (S/ 96.939.36) a Corporación Universal cuando la diferencia entre ambas empresas de medios no es tan amplia, según los estudios y estadísticas de CPI.
De acuerdo a CPI, el Grupo RPP maneja un share de 32%, CRP Medios y Entretenimiento un 33% y Corporación Universal, un 24%.
“Hay una falta de concordancia por los niveles de audiencia, donde no hay una gran diferencia entre RPP y Corporación Universal, porque lo dice CPI. Se afecta a la ciudadanía porque se premia a quien al Estado le conviene cómo transmite las noticias. Los funcionarios que tendrán que asumir su responsabilidad, si existe una irregularidad, son los directores de las entidades estatales y no los secretarios de comunicaciones”, remarcó la experta en contrataciones estatales.
Asimismo, sostuvo que si no se ha expuesto la sustentación técnica de la distribución de los recursos para la publicidad estatal todo indica que se ha querido favorecer a un determinado grupo empresarial. Por ello, demandó que se debe aclarar bajo qué criterios técnicos se hizo el reparto de avisos del Estado.
“No estamos hablando de cualquier publicidad sino de la comunicación que va dirigida a zonas más recónditas del país. En esos actos preparatorios para la contratación de medios deben primar los principios que están en la Ley de Contrataciones. Deben haber seleccionado a los medios de comunicación que pueden brindar eficientemente ese servicio y que tienen un considerable alcance en las zonas alejadas del país”, añadió Mónica Yaya.
