“Si no respeta esencia y plazos se considera confianza rechazada”

"Confiamos que el Congreso de la República apruebe las reformas políticas en el plazo previsto", señaló ayer el exmi­nistro de Justicia y exmiem­bro del Tribunal Constitucio­nal, Víctor García Toma.

Al respecto reiteró que si el Congreso de la República no respeta la esencia del pro­yecto o cumple los plazos, el Ejecutivo considerará la con­fianza al gabinete rechazada "y se procederá según la Cons­titución".

García Toma, en entrevis­ta con radio Exitosa, espera que el plazo establecido se cumpla.

A su turno, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, dijo que el jefe de Estado no puede estable­cer plazos al Parlamento para la reforma política, porque solo la Constitución Política es la que establece términos .

“Hay que tomar sus declara­ciones desde el punto de vista político, pero que no pueden generar una consecuencia negativa para el sistema. No puede poner plazos, en todo caso los plazos los pone la Constitución. El único plazo que se pondría en considera­ción es lo que marca la legis­latura, inicio y fin, pero no lo pone el presidente”, afirmó el constitucionalista.

Respecto a la cuestión de confianza concedida a su premier y expresada por el mandatario de la Nación, Martín Vizcarra, señaló que debe tener en cuenta que se dio sobre una política de Esta­do que es el fortalecimiento institucional democrático y la lucha contra la corrupción.

Señaló que los proyectos de ley tanto de reforma cons­titucional como reforma legal que se están viendo en el Congreso de la República son de competencia exclusi­va del Parlamento Nacional y el Ejecutivo puede inter­venir en el debate, pero si al presidente no le complace lo que el Legislativo apruebe ya no cabe ninguna otra me­dida y solo deberá aceptar esas reformas.

Como en ocasiones ante­riores, el constitucionalis­ta reiteró a nuestro medio periodístico que la reforma constitucional es competen­cia del Congreso.

Dato

El constitucionalista Ur­viola cuestionó que se falte el respeto a las instancias de­mocráticas dirigidas dentro del marco institucional. Y que el Ejecutivo no puede estar promoviendo ese diálogo confrontacional.