Se cocinan conflictos que pueden jaquear al Gobierno
El conflicto de Las Bambas puede gatillar otras protestas similares que podrían complicar aún más la administración del presidente Martín Vizcarra. Uno de ellos es Tía María, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa, con una producción potencial de cobre que estiman en 120 mil toneladas anuales y una inversión superior a los USD 1,400 millones.
Hace menos de cuatro meses, arreciaron las voces de los dirigentes que claman por la inviabilidad de este proyecto de la Southern Copper, casi a la par que empezaban las protestas de los comuneros de Fuerabamba, en Apurímac.
Jorge del Carpio Lazo, uno de los opositores más activos al proyecto, denunció la realización de una nueva jornada de protestas tras confirmarse que el Gobierno tiene previsto otorgar la licencia de construcción al Grupo México, que está a cargo de la administración del proyecto.
Pero, además, se prevé jornadas similares -que pueden estar cargadas de violencia- en territorios donde se ubican otros proyectos como Pasto Grande (Moquegua-Puno), Shimpiyacu (Moyobamba, San Martín) y Saramuro (a orillas del río Marañón)
Sin embargo, en el último reporte de Conflictos Sociales publicado en febrero de 2019 por la Defensoría del Pueblo, se informa de la existencia de 179 conflictos en diversos puntos del país, 105 de los cuales presentaron al menos un hecho de violencia. De la cifra total, el 60% de ellos deberán ser resueltos por el gobierno nacional.
Derrame de petróleo
En la comunidad Chiquintirica, Ayacucho, existe el conflicto socio ambiental contra la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) por el pago por derecho de servidumbre por el uso de terrenos a la comunidad, se abrió una mesa de diálogo, la cual fue interrumpida hace un mes por disconformidad de los pobladores ante propuesta presentada por empresa.
Otro conflicto socio ambiental, que ha llevado a hechos de violencia es el existente en la comunidad José de Saramuro en la provincia de Loreto donde la Plataforma de los Pueblos afectados por el derrame petrolero de los Lotes 8 y 192 exigen al gobierno central se declaren en estado de emergencia y realicen el estudio para resolver los problemas de impactos hacía la población.
Una situación similar atraviesa la población de Datem del Marañón en la región Loreto donde se ha afectado 1199 sitios por el derrame del Lote 192 y donde Pluspetrol tiene responsabilidad.
En Moquegua y Puno se atraviesa el conflicto territorial Pastogrande, que se complicó a fines de febrero con la presencia del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri a la zona de discusión y puso la bandera de Puno como parte de su territorio, lo cual enardeció al gobernador Zenón Cuevas.
Áncash un caso especial
Respecto a la ubicación de los conflictos reportados, Áncash continúa concentrando la mayor cantidad de casos (24), seguida de Puno (17) y Cusco (17). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (63,9%). La Defensoría del Pueblo señaló que del total de casos activos, el 59,4% (79) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo.