SAC aprobó informe final acerca de la denuncia contra excongresista Luciana León
Este viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó, con 14 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, el informe final de la denuncia constitucional 240, que presentó la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra de la excongresista Luciana León.
Cabe señalar que, la exlegisladora fue denunciada por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación del Código Penal.
Como se recuerda, su abogado Fernando Silva La Rosa indicó que, durante las indagaciones que realiza el Ministerio Público en contra de su patrocinada, no se encontró ningún elemento que pruebe que la exintegrante del Poder Legislativo estuvo involucrada en algún acto delictivo.
"No hay elementos de prueba, elementos de convicción de ningún funcionario de los ministerios que señalen que la señora León Romero haya participado de manera directa para esas obras", declaró.
Sobre el caso, el parlamentario de la bancada de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante Donayre, se pronunció y señaló que los congresistas pueden visitar de manera reiterada las diferentes regiones del país, además impulsar proyectos y dialogar con las autoridades sobre una obra o las necesidades de los ciudadanos, sin recibir dinero o algún beneficio a cambio.
Es preciso indicar que, Luciana León habría conversado con exministros de Estado, por medio de WhatsApp, sobre obras vinculadas a la Municipalidad de La Victoria.
Al respecto, la legisladora Susel Paredes también se manifestó y señaló que el caso de la exparlamentaria León debe continuar siendo investigado. En esa línea, consideró que en el país, se registran varios actos irregulares durante la gestión de diferentes autoridades.
"La democracia se basa en la independencia de poderes, como congresista no estoy de acuerdo en que se tenga que interceder ante un funcionario", añadió.
Asimismo, el integrante de la bancada Alianza Para el Progreso, Wilson Soto, indicó que los congresistas han sido "criminalizados" por visitar a algún ministro de Estado en su despacho, para exponer las demandas de la población.
"Los congresistas no tenemos mandato imperativo", señaló.