No les importa
12/08/2024 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/08/2024
Filtraron oficio que revelaría que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no observó la ley que prescribe crímenes de lesa humanidad o también conocida como 'Ley de amnistía', pese a la advertencia de la Cancillería.
La misiva tuvo como fecha el 25 de julio, mientras que la no observancia del Ejecutivo fue comunicada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el pasado 7 de agosto.
La opinión sectorial de la Cancillería fue firmada por el embajador y director general para asuntos multilaterales y globales, Luis Felipe Ugarelli Basurto, y tuvo dos conclusiones.
Conclusiones de la Cancillería
En una primera conclusión, el área encargada de revisar la ley que prescribe crímenes de lesa humanidad determinó que no cumple con las obligaciones internacionales.
"Por todo lo expuesto, en atención a los elementos desarrollados en los acápites del presente informe, se concluye que el proyecto de ley propuesto sería contrario a las obligaciones internacionales que el Perú ha asumido en virtud del derecho internacional", suscribieron.
Mientras que en un segundo punto recomendaron que la autógrafa sea opinada por otras instancias técnicas como el Ministerio de Justicia o Poder Judicial.
"Finalmente, dadas las temáticas que son materia de la autógrafa, se estima de relevancia que se consulte la opinión técnica de otras entidades competentes en la materia, en particular el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, la Procuraduría Especializada Supranacional y la Defensoría del Pueblo" , concluyó.
Ley de lesa humanidad
En la Comisión Permanente del Congreso la normativa fue aprobada con 15 votos a favor, 12 en contra y ni una abstención. Por ende, lo aprobado fue enviado al Ejecutivo, el cual no la observó y finalmente el pasado viernes 9 de agosto el Congreso oficializó la Ley 32107.
Para los autores de la iniciativa, los congresistas de Fuerza Popular y Honor y Democracia, Fernando Rospigliosi y José Cueto, lo planteado buscó clarificar el marco legal y asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales.
Respecto a la controversia por la normativa, el premier Gustavo Adrianzén detalló que lo señalado por el estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de delitos de guerra y lesa humanidad "son aplicables en Perú solo después de su aplicación", es decir, desde 2002 por lo que no se estaría promoviendo la "impunidad".
El periodista Benza fue quien filtró el documento que revelaría que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no observó la ley de amnistía, a pesar de la la advertencia de la Cancillería.
