24/07/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
Con la finalidad de mejorar la calidad y la transparencia de sus contrataciones, en el área Logística, el gobierno regional del Callao inició la implementación de la Norma Antisoborno o Norma ISO 37001:2016 para prevenir, enfrentar y mitigar actos de corrupción en su gestión.
Para este fin, ha sido necesaria una reestructuración del Área y de los procesos logísticos, alineados estos a estándares de gestión y el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento vigente, el cual se viene realizando desde junio del presente año. La Norma ISO 37001:2016 refleja las buenas prácticas internacionales y puede ser utilizado en todas las jurisdicciones.
La conformidad con la Norma no garantiza que el soborno no haya ocurrido o no ocurrirá en relación con la organización, ya que no es posible eliminar por completo el riesgo de soborno. Sin embargo, este Sistema de Gestión Antisoborno puede ayudar a la organización a implementar medidas razonables y proporcionales para prevenir, detectar y enfrentar el soborno.
Esta norma permite elevar los estándares de control y transparencia de la institución, tan cuestionada durante la gestión de administraciones anteriores. Su objetivo es contar con métodos, procesos e indicadores que aseguren el cumplimiento con los requisitos que exige la norma ISO 37001:2016 y que a la vez contribuya a la mejora continua del gobierno regional del Callao.
El tiempo estimado para la realización del proyecto de Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno es de 6 meses (180 días calendarios) y cuenta con actividades programadas y tiempo referencial en el que se ejecutarán un diagnóstico inicial, asesoría para la certificación de los Sistemas de Gestión, cursos necesarios para su Implementación, Auditoría Interna y acompañamiento a la Auditoría de Certificación.
El gobierno regional del Callao es una de las primeras instituciones del Estado en implementar este novedoso sistema contra la corrupción que servirá para detectar de manera oportuna y preventiva ante cualquier indicio o suspicacia en relación al soborno en contrataciones, compras y asuntos financieros o comerciales. Asimismo, puede proveer evidencia, en el caso de una investigación criminal, sobre las medidas tomadas para prevenir el soborno.
