Procuraduría rechaza modificación de ley de extinción de dominio: "La socava y aniquila por completo"
La Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio (PPEED) expresó su "profunda preocupación y rechazo" ante la aprobación, en primera votación, del dictamen que propone modificar la Ley de Extinción de Dominio.
En un comunicado oficial, la institución advirtió que los cambios "aniquilan por completo" la figura legal, al condicionar su aplicación a la existencia de una sentencia penal firme y consentida.
Preocupación por la modificación de la ley
Según la Procuraduría, esta modificación socava los pilares de la ley vigente, la cual ha sido una herramienta clave para la política criminal en la incautación de bienes de origen ilícito.
"El objetivo primordial de la extinción de dominio es impedir que los bienes derivados de actividades ilícitas ingresen o permanezcan en el circuito económico nacional", señala el documento.
Impacto en la lucha contra el crimen organizado
La normativa actual ha permitido, hasta la fecha, recuperar bienes por un valor estimado de S/ 545 millones de soles, relacionados con actividades ilícitas como el tráfico de drogas, corrupción de funcionarios, minería ilegal y lavado de activos, entre otros delitos.
"Limitar la extinción de dominio a la existencia de una sentencia penal firme deja fuera situaciones críticas, como bienes pertenecientes a procesados fallecidos, prófugos de la justicia o casos con acción penal prescrita. Esta modificación generaría impunidad y dejaría sin efecto procedimientos clave en la recuperación de bienes ilícitos", explicó la entidad.
Asimismo, se recordó que la figura de la extinción de dominio es una exigencia internacional respaldada por convenciones globales como la de Palermo (2000) y la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que instan a los Estados a incorporarla en su marco jurídico para combatir la criminalidad financiera.
Un llamado al Congreso y al Estado
La Procuraduría Pública exhortó al Congreso a reconsiderar esta decisión en la segunda votación y subrayó que el dictamen aprobado no solo debilita la norma actual, sino que podría paralizar más de cinco mil casos actualmente en trámite.
"El perjuicio es enorme para el Estado y su lucha contra las economías criminales. Es indispensable que el Congreso escuche a los actores técnicos del sistema de justicia y legisle con responsabilidad para proteger los intereses del país", indicó Liliana Meza Quito, titular de la PPEED.
La institución reiteró su disposición a participar en mesas de diálogo técnico y en los debates necesarios para perfeccionar la normativa, pero sin que ello implique eliminar su efectividad.
La Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio advierte que la modificación aprobada en primera votación del Congreso socava gravemente la lucha contra el crimen organizado.