22/05/2023 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 22/05/2023
La Procuraduría General del Estado pidió ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema que el expresidente Pedro Castillo y los ministros implicados por el fallido golpe de Estado paguen una reparación civil de 67 millones de soles por el atentado antes referido, el pasado 7 de diciembre del 2022.
Cuatro exministros implicados
La solicitud alcanza a los exfuncionarios Aníbal Torres, Bettsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta por su calidad de coautores del supuesto delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
Existe la posibilidad de que el monto aumente
En el documento enviado por el procurador general del Estado, Daniel Soria, se precisó que el organismo tiene la potestad de variar el monto según lo crea conveniente. En ese sentido, la diligencia está respaldada en los daños patrimoniales y extrapatrimoniales registrados en la suscitada fecha contra el Estado peruano.
"Esta Procuraduría General del Estado se reserva el derecho de variar y/o incrementar el monto postulado, tanto por daño patrimonial, como por daño extrapatrimonial que se haya generado al Estado peruano, en función de mayores y nuevos elementos de convicción que surjan de la investigación y que acrediten los daños generados al Estado peruano", se lee en el designio.
Cabe indicar que el monto solicitado por la Procuraduría deberá ser aprobado por el Poder Judicial, en la última instancia, antes que alguno de los exintegrantes del Gobierno abonen el mencionado costo.
Poder Judicial rechaza apelación del expresidente
Como se recuerda, el exmandatario de la República se encuentra recluido en el penal Barbadillo, cumpliendo 18 meses de prisión preventiva por este caso y otros 36 por presunta corrupción. El extitular del Ejecutivo presentó una apelación para anular la investigación por golpe de Estado, pero el Poder Judicial (PJ) rechazó el requerimiento.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema desestimó la apelación del exmandatario peruano contra la decisión de primera instancia que desestimó su cuestión previa, medio con el que Castillo Terrones pretendía anular la investigación en su contra por los presuntos delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad; ello como consecuencia del mencionado hecho ocurrido el pasado diciembre.
De esta manera, el golpe de Estado protagonizado por Pedro Castillo vuelve a agravar su situación judicial, tras la solicitud de la Procuraduría General del Estado para que abone junto a sus exministros una reparación civil de más de 67 millones de soles al Perú.