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20/01/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 20/01/2025
El ataque a la sede principal del Ministerio Público en la ciudad de Trujillo ha alarmado a algunas autoridades, quienes han expresado la importancia de contar con un marco jurídico que facilite e impulse la captura de los criminales. En tal sentido, Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, exhortó a restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia.
"Ya hemos mencionado en anteriores entrevistas que estamos a la espera, y esto (atentado en Trujillo) debe ser una llamada de atención, que se restablezcan de manera inmediata las normas legales que permitan potenciar el sistema de administración de justicia en el ámbito penal para que ningún hecho quede impune", precisó ante la prensa.
Comunicado de la Fiscalía
A través de su cuenta de X (antes Twitter), el Ministerio Público condenó el ataque a su sede trujillana, el cual ocasionó lesiones de consideración a dos ciudadanos que se encontraban cerca. Ante ello, precisó que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo dio inicio a las investigaciones correspondientes.
Asimismo, exigió a las autoridades del Poder Legislativo a trabajar activamente en una eficiente política criminal de seguridad ciudadana y que la Policía Nacional del Perú (PNP) cumpla una efectiva labor preventiva.
"Es decir, que el Ministerio del Interior disponga la reactivación de la labor de inteligencia policial para que las actuaciones de los agentes del orden se efectúen antes de que se produzcan los hechos delictivos, y no cuando el daño ya se produjo en perjuicio de la sociedad", menciona el comunicado.
¿Qué es la detención preliminar?
La detención preliminar en caso de no flagrancia es una figura legal que habilita la retención de un presunto criminal en caso existan razonables elementos que sugieran un riesgo de fuga, obstrucción a la verdad, entre otros.
Hasta el año pasado, la Fiscalía de la Nación y la PNP podían solicitar la detención preliminar; no obstante, el Congreso de la República la derogó el año pasado. Si bien los parlamentarios hicieron mea culpa y aprobaron restituir la norma anterior (con pequeñas modificaciones), el Ejecutivo no ha promulgado la rectificación.
El tema ha generado diversas reacciones en la ciudadanía. Pese a que esta herramienta constituye un instrumento fundamental para los órganos de persecución del delito, algunas autoridades como el ministro César Vásquez han cuestionado la tarea fiscal.
