08/04/2022 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
El Poder Judicial revisará hoy el pedido de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó 36 meses de prisión preventiva para el exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco y dos sobrinos del presidente Pedro Castillo, investigados por el caso Puente Tarata y actualmente prófugos de la justicia.
Cabe precisar que el pedido se iba a evaluar ayer jueves 7 de abril. Sin embargo, la audiencia se reprogramó para hoy viernes desde las 5:00 p.m. tras un reclamo de los abogados de los procesados, que son investigados por el presunto delito de tráfico de influencias y colusión en organización criminal.
También puedes leer: Congreso: plantean reducir periodo de congresistas a 2 años y medio y restablecer reelección inmediata
Como se recuerda, el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo de la fiscal Karla Zecenarro Monge, realizó el requerimiento contra los involucrados en el caso.
El pedido es contra los familiares del jefe de Estado Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez. Asimismo, alcanza a Víctor Valdivia, Edgar Vargas, Zamir Villaverde y Luis Carlos Pasapera.
Puente Tarata III
Estas medidas son solicitadas en el marco de la investigación por presuntos actos de corrupción respecto a la licitación pública para la 'Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el Río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres', convocada por Provías Descentralizado, en la que se otorgó la buena Pro al Consorcio Puente Tarata III.
Como se recuerda, el pasado mes de enero Provías Descentralizado declaró nulo el contrato que firmó en octubre pasado con el consorcio Puente Tarata III para la construcción de un puente vehicular sobre el río Huallaga, en la región San Martín.
El consorcio estaba integrado por la empresa Termirex S.A.C., vinculada con la empresaria y lobista Karelim López, quien había realizado visitas a la casa del pasaje Sarratea en Breña y a Palacio de Gobierno.
El contrato se anuló luego que se infringiera la Ley de Contrataciones del Estado, tras realizarse una “fiscalización posterior” a la licitación, según precisa un documento.
También te puede interesar: Flor Pablo criticó a Aníbal Torres por conducir al Perú “a un bochorno internacional” tras citar a Adolf Hitler
Más noticias en Exitosa:
