Pedro Cateriano: “Casos de Alan García y Toledo, sí fueron sobornos”

Entrevista de Blanca Temoche

Luego de conocerse los millonarios aportes de grupos empresariales como Credicorp, Gloria, Capeco y otros a Fuerza Popular, ya no solo podemos hablar de desprestigio político, sino de un desprestigio empresarial, ¿qué consecuencias traerá esto?

Bueno, el descredito de la clase dirigente en general es notorio y creciente y sin duda vemos que eso se refleja en el propio sistema. Ahora, apreciamos por ejemplo las dificultades que tenemos para el funcionamiento de nuestra democracia y entre otras razones es porque hemos tenido tres gobiernos marcadamente manchados por la corrupción, la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Ahora dentro de este pesimismo hay que destacar que la democracia permite las reformas y los cambios, en más de una oportunidad he señalado que esta reforma estaba en manos de los fiscales y jueces y es precisamente debido al trabajo de este puñado de fiscales, que han cumplido con la ley, que estamos conociendo estos hechos..., hemos visto que fundamentalmente los sectores políticos involucrados permanentemente han boicoteado la acción de la justicia, precisamente porque estaban manchados.

¿El boicoteo a través de blindaje?

No nos explicamos como desde el Parlamento encubrieron los actos ilícitos de funcionarios públicos o dignatarios desatacando los pedidos de la propia Corte Suprema para hacer justicia.

¿Le sorprendió las cifras aportadas por estos empresarios?

... ahora entendemos las razones por la cuales el fujiaprismo, que controlaba el Congreso, se negaba a aprobar esta ley (de financiamiento de los partidos). Y acá realmente impresiona la actitud cínica del fujimorismo sobre los aportes, ha sido impresionante. Ahora desde el punto de vista legal ellos mismos han forzado la figura de financiamiento ilegal como la de lavado de activos. No nos olvidemos que la propia señora Fujimori, cuando el Poder Judicial dictó la orden de prisión preventiva contra los esposos Humala, fue la primera que aplaudió esa medida judicial y ahora cuando la ha afectado a ella señala que es una persecución política. Y sí, llama la atención la millonaria cantidad de dinero que dio el señor Dionisio Romero, todos sabíamos que existía esta forma de financiamiento, pero nadie imagino esta cantidad.

Pero el fujimorismo sostiene que solo los fiscales se han concentrado en el caso de la señora Keiko Fujimori y no de otros investigados

Ciertamente no estamos ante un proceso de persecución política ni mucho menos a ningún partido o grupo político, porque acá los fiscales y jueces no han hecho una distinción por razones ideológicas y políticas.

¿Los aportes millonarios de financiamiento son prácticas de los 90?

Por esa razón hay que seguir apoyando la acción de la justicia porque será la única manera de salir de este atolladero, teniendo en cuenta la experiencia acontecida, ya sabíamos lo que había ocurrido en la dictadura de Fujimori y Montesinos y lo que significaba el fujimorismo para el país. No obstante se ha seguido apostando por una agrupación absolutamente antidemocrática que ha violentado el orden constitucional de manera permanente y hoy estamos viendo cuales han sido las razones, será la justicia que determine si estos aportes que realizaron a la campaña electoral fueron a cambio de favores políticos, eso lo tendrá que determinar la justicia.

¿Se puede afirmar si estos aportes apuntaban a cambio de favores políticos o a través de proyectos en caso de lograr el sillón presidencial?

... es evidente cuando hay un aporte de campaña con una cantidad exorbitante, uno se pregunta cuáles son las razones, por eso digo que será la justicia que determine lo que ha ocurrido.

Alan García y el APRA

¿La figura es distinta en el caso de los dos gobiernos apristas?

No hay que olvidar, por ejemplo, el caso de Alan García. Ya desde su suicidio la acción penal ha extinguido, pero están todas las partes involucradas, las personas, su gente de absoluta confianza como Nava, está Átala, ellos también tendrán que dar cuenta de estos pagos de sobornos, porque no eran el caso de Alan García y Alejandro Toledo, no fueron aportes, en este caso sí fueron sobornos y coimas, eso también lo tenemos que distinguir, se tiene que investigar el caso del Club de Construcción a profundidad.

¿Cómo ve que se ha llevado la investigación?

En el caso del APRA, es algo que se sabía, había indicios razonables y no solamente de ahora, está claro que los dos gobiernos apristas fueron absolutamente corrompidos. Y había una estructura dentro del Estado y usaban su poder para evitar la acción de la justicia y eso estaba absolutamente comprobado. Acá no es como que se ha venido sosteniendo a lo largo del tiempo que todo es producto del odio, de la venganza, no. Las pruebas, tanto de Alan García como de Keiko Fujimori, han sido proporcionadas por gente de absoluta confianza del entorno de ellos, colaboradores de años, no es producto de enemigos políticos. Acá ha sido el señor Jorge Yoshiyama, señor Nava, señor Átala, señor Reátegui. Ellos han dado estos indicios, ellos han abierto la vía para que se enteren como actuaban el fujiaprismo.

¿Frente a lo que ha ocurrido qué debe hacer el próximo Congreso complementario?

El siguiente Congreso tendrá que levantarles la inmunidad, aprobar los procesos de acusaciones constitucionales, continuar con la reforma política que el fujiaprismo bloqueó desde el Congreso, elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional; es decir, vaya tarea tan importante que tiene el Congreso. La gente puede estar decepcionada e indignada, pero como decía inicialmente la democracia como forma de gobierno permite que el pueblo participe a través del voto y cambie la situación política. El voto por lo tanto es un acto de responsabilidad, porque es para que las cosas cambien.

Respecto a las continuas declaraciones de algunos ministros respecto a la decisión de saber elegir en la próxima contienda electoral, ¿cree que es necesario?

Ciertamente le ha tocado un difícil momento al primer ministro Vicente Zeballos, yo que he estado en ese lugar prefiero actuar con cautela ante las críticas. Pero la libertad de opinión está garantizada en la Constitución. No creo que en etapa electoral un gabinete debería guardar silencio y no participar en el debate nacional. Más aún cuando en ciertas ocasiones los adversarios usan argumentos no solo mentirosos, sino absolutamente falsos para atacar, en ese sentido creo que no habido interferencia.