Pedro Castillo solicita a la CIDH su libertad y reposición en la presidencia
El abogado del expresidente Pedro Castillo (28 de julio del 2021-7 de diciembre del 2022), Walter Ayala, informó este lunes que el profesor chotano, actualmente recluido en el penal Barbadillo, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su libertad y reposición en la presidencia.
A través de su cuenta oficial en Twitter, el exministro de Defensa de Castillo Terrones sostuvo que esa decisión se tomó debido a que el Poder Judicial no resolvió su recurso para que anule la resolución del Congreso en la que dispuso la vacancia del exmandatario.
"Ante demora injustificada del Poder en resolver amparo, Pedro Castillo solicita a la CIDH su restitución como presidente Constitucional del Perú, y su inmediata libertad", escribió, asegurando que en los próximos días "habrán novedades".
En la publicación Ayala citó al Congreso de la República, a la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Tribunal Constitucional (TC), a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Cabe recordar que el pasado 17 de febrero el titular de la PCM, Alberto Otárola, advirtió de las intenciones de Castillo de acudir a la CIDH para lograr recuperar su libertad y ser respuesto en el cargo que ahora ocupa por sucesión constitucional su exvicepresidenta, Dina Boluarte.
En esa oportunidad, el premier indicó que el exjefe de Estado habría hecho esa petición debido a que las violentas protestas, registradas desde el 7 de diciembre del 2022, no habrían resultado en su excarcelación ni en el objetivo de volver a ostentar el mencionado puesto.
Fiscalía de la Nación y el Congreso
Cabe precisar que esta demanda se conoce luego que la Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria en contra del exmandatario por la presunta comisión de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión simple.
Como se recuerda, el Pleno del Congreso de la República decidiera aprobar el informe final de la denuncia constitucional presentada por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.